Los leñadores y pescadores están obligados a trabajar para los delincuentes, y los recursos son entregados a comerciantes chinos.
Aparte de continuar con los negocios de tráfico de drogas y otros delitos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han comenzado a incursionar en mercados legales como la pesca y la industria maderera del país.
La alianza con la mafia china, que comenzó con el negocio del fentanilo, ahora abarca el intercambio de recursos naturales protegidos por precursores químicos para la elaboración de drogas. Así lo sostiene la investigadora Vanda Felbab-Bown en su informe denominado “Tráfico ilegal de especie en México ligado a China”.
“Muchas de las pesquerías legales están siendo controladas sistemáticamente por los cárteles. Hay una enorme presión no sólo para pagar las extorsiones, sino también para que se le compre a Cártel de Sinaloa el pescado que ellos les llevan. Entonces, las plantas son las que emiten certificados que respaldan la procedencia legal del pescado y les emiten certificados falsos para ellos”.
Felbab-Brown indica que la expansión del Cártel de Sinaloa y el CJNG no sólo es territorial, sino también en comercios consolidados como el aguacate, limón y ahora la pesca.
Los leñadores y pescadores están obligados a trabajar para los delincuentes, y tanto la madera como las especies marinas son entregados a comerciantes chinos, que pagan con materia prima para la producción de droga.
“Además, los hoteles están siendo forzados a comprar el pescado de los cárteles hay un control absoluto de facto, una monopolización de la industria pesquera en muchas partes del país”.
La mafia china llegó a México con la intención de obtener especies que pudieran importar y que son preciadas como la totoaba, cuya pesca es ilegal en el país. Esta situación propició su relación con integrantes del crimen organizado para beneficiarse mutuamente, además que los acuerdos han servido para evitar los candados que se establecen en los mercados financieros para detectar y sancionar el lavado de dinero.
Esta situación, concluye la investigadora del Instituto Brookings, es consecuencia de la política de no confrontación del gobierno federal al crimen organizado ya que le permite aumentar su poder y control.
Con información de El País.
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