La sociedad de Sinaloa vive con miedo de que un suceso similar se presente nuevamente y sea más violento que el anterior.
Hace tres años la ciudad de Culiacán vivió uno de los episodios de violencia y terror más impactantes de su historia. En un operativo encabezado por el Ejército se capturó a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien fue líder de uno de los cárteles de la droga más poderosos del país.
Sicarios tomaron la ciudad y realizaron varios ataques contra la población civil y las fuerzas del orden, situación que obligó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, ordenar la liberación de Ovidio.
César Jesús Burgos Dávila, catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa, llama “efecto tijera” al contraste entre la narrativa que en la actualidad maneja el gobierno respecto a una baja en los homicidios, y la percepción de la ciudadanía, la cual vive con el constante temor de que se presente otro capítulo similar y con mayor violencia.
Burgos Dávila, quien también dirige el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Facultad de Psicología y ha trabajo el fenómeno social de los narcocorridos, dice que el cambio en la percepción de la gente giró en torno a la capacidad de las autoridades de brindarles protección, pero también hacia los narcos, antes considerados personajes benefactores y protectores.
Su análisis visibiliza la encrucijada que los jóvenes vivieron esa tarde al tener que elegir entre dos bandos: unos en defensa de la ley y otros, ligados a la delincuencia organizada, defendiendo su territorio y a su jefe.
Los testimonios recabados por Dávila relatan cómo la estructura delincuencial operó de manera cronométrica: sacó a internos de la cárcel, a los que armó para la defensa de la plaza y del jefe, y cooptó estudiantes, a quienes motivaron con pagos de hasta 20 mil pesos.
El fenómeno también expuso que la vieja visión, en que a las figuras delictivas eran vistas como modernos Robin Hood, quedó sin efecto porque la población se vio expuesta a un terrible riesgo.
El efecto psicosocial del culiacanazo permanecen en el imaginario colectivo. Elena, catedrática universitaria y madre de familia de 39 años, siente la necesidad de tirarse al piso cada que escucha un ruido extremo. Durante el asedio pasó, junto otras decenas de personas, pecho tierra en un centro comercial de la zona de Tres Ríos.
En el caso de Eduardo, auxiliar de contador fiscal, sufre de episodios de ansiedad cuando cruza por el bulevar Sánchez Alonso, lugar donde sobrevivió al fuego cruzado ese 17 de octubre de 2019.
Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, reconoce que poco han mejorado las policías y los sistemas de control penitenciario. Si bien afirma que los índices de delitos de alto impacto tienen una tendencia a la baja, en materia de formación de nuevos policías, equipamientos, armas y vehículos para los cuerpos de seguridad persiste el rezago.
Calderón admite que la imagen negativa de las corporaciones y la falta de prestaciones laborales resulta poco atractiva para que jóvenes se integren como policías en un municipio que está en la lista de las 50 ciudades más peligrosas y violentas del mundo.
Con información de El Universal.
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