Con AMLO más de 100 mil carpetas de investigación por delitos de servidores públicos

Observatorio Nacional Ciudadano revela cifras sobre aumento de la corrupción en México; ha sido más del doble que en la administración anterior

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), ha lanzado un llamado de atención al revelar que, en la que se suponía sería la administración que erradicaría la corrupción, más de 100 mil carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos inundan el país. Este número, casi el doble de lo registrado en la administración pasada, plantea serias interrogantes sobre la eficacia de la estrategia gubernamental para combatir la corrupción y garantizar la seguridad pública.

En un país donde la corrupción ha sido históricamente un desafío, la expectativa era que el actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador cambiaría el panorama. Sin embargo, las cifras presentadas por Rivas revelan una realidad cruda: entre 2019 y 2023, el país ha visto un aumento del 45% en las carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, una tendencia preocupante que socava la confianza en las instituciones gubernamentales.

La estrategia nacional de seguridad pública, que se presentó como una vía para combatir la corrupción, está lejos de cumplir sus promesas. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 arroja luz sobre la percepción ciudadana, indicando que el 64.7% de la población considera que los ministerios públicos son corruptos. Esta percepción negativa no solo mina la confianza en las instituciones, sino que también impacta directamente en la disposición de la ciudadanía para denunciar delitos.

Rivas resalta que el 61% de las personas no denuncia al ministerio público debido a la pérdida de tiempo, trámites engorrosos o el temor a represalias y corrupción. Esta falta de confianza en el sistema de justicia impide que los ciudadanos participen activamente en la lucha contra la delincuencia.

Además, se critica la falta de claridad en los objetivos del Gobierno para abordar la inseguridad. Los objetivos aparentemente vagos y la ausencia de metas específicas de reducción del delito plantean dudas sobre la eficacia de la estrategia gubernamental.

El Observatorio Nacional Ciudadano, en respuesta a esta realidad desafiante, se presenta como un recurso para las víctimas de delitos y sus familias, ofreciendo asesoría y orientación. Sin embargo, las cifras presentadas por Rivas indican que se necesita una acción más decidida por parte del Gobierno para abordar las raíces de la corrupción y fortalecer la seguridad pública.

Estas revelaciones subrayan la necesidad apremiante de una revisión profunda de las estrategias gubernamentales, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y medidas concretas para abordar la corrupción sistémica y garantizar la seguridad de la ciudadanía. La confianza pública está en juego, y la respuesta del Gobierno será clave para restaurarla.