El Estado no vela por huérfanos de desaparecidos

Menores huérfanos de mujeres y hombres desaparecidos en México se ven inmersos en depresión, bajo rendimiento escolar y baja calidad de vida.

“¿Por qué mi papá me dejó? ¿No me quería?”

La Red de Enlaces Nacionales, conformada por 160 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de 27 estados, dio a conocer la situación de vulnerabilidad y precarización a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes cuando uno de sus padres, principalmente, es desaparecido.

Entre las consecuencias para las víctimas que quedaron en la orfandad está padecimientos mentales como depresión, intentos de suicidio, bajo rendimiento escolar y menor calidad de vida. Circunstancias que se agravan ante las dificultades económicas que enfrentan las familias por los gastos de búsqueda, así como el costo de manutención y cuidado de los menores.

También se reporta ansiedad, alteraciones en los patrones de sueño, aislamiento, rechazo social, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, pesadillas, desconfianza, rencor, coraje, trastornos en la alimentación y desplazamiento forzado en las y los pequeños.

Uno de los miles de casos es el de Ian. Cuando su padre, Yan Carlos Ibarias Soria, desapareció de manera forzada en el municipio de Tejería, Veracruz, el 9 de septiembre de 2016, le preguntó a su abuela: “¿Por qué mi papá me dejó? ¿No me quería?” Fue hasta 2021 cuando pruebas de AND confirmaron que sus restos correspondían a los encontrados en una fosa clandestina en Arbolillo, Veracruz.

A él, como a todos los huérfanos, fue difícil explicarles que no los habían abandonado, que sus padres fueron arrebatados de su núcleo familiar y no se sabía nada sobre su paradero.

En testimonios recabados por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) se expone la falta de atención a los menores de edad ante la desaparición y alerta sobre los impactos transgeneracionales del fenómeno. “Son los olvidados del sistema”, se advierte.

“Los hijos e hijas de personas desaparecidas frecuentemente han de abandonar sus estudios, situación que se convierte en un factor de revictimización”.

CED

Por su parte, el registro nacional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contabiliza más de 2 mil menores con padres o madres desaparecidas, mientras activistas consideran que la atención a las víctimas indirectas es insuficiente y no hay políticas públicas eficientes que las protejan.

Invisibles Mx, exige pronta atención

Juan Carlos Lozada Delgadillo, del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Hidalgo, fundó el proyecto Invisibles Mx que aglomera a 14 colectivos de la República Mexicana y uno de Centroamérica para exigir prioridad a la atención de menores de edad afectados por desaparición.

Él mismo es hijo de una persona desaparecida: su padre Juan Carlos Lozada Mahuem, de quien se desconoce su paradero desde 2009. Por ello lucha para que haya un verdadero registro con la cifra real de menores de edad víctimas indirectas del delito de desaparición que permita dimensionar el problema y presione al gobierno a otorgar apoyos alimenticios, médicos y educativos.

“Los huérfanos por desaparición no son tomados en cuenta. En ocasiones somos invisibles hasta dentro de los mismos colectivos. […] Es urgente que el gobierno de México se proponga saldar el desamparo en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad”.

Juan Carlos Lozada Delgadillo, fundador de Invisibles Mx.

Lozada indicó que sólo el Estado de México y Nuevo León cuentan con programas de reparación del daño a la niñez en esta situación.

Solo hay 58 personas para 52 mil usuarios

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuenta con un padrón de 52 mil víctimas de delitos como desaparición, feminicidio, trata de personas y violaciones graves a derechos humanos. Hasta mayo de 2022, ejerció un presupuesto de 438 millones de pesos para recursos de ayuda, asistencia y reparación integral.

Sin embargo, la CEAV solo cuenta con una Dirección de Psicología integrada por 58 personas para todo el padrón, debido a este déficit, las víctimas señalan una atención poco oportuna y deficiente debido a la insuficiencia de personal.

Mientras que los niños y niñas que atraviesan por la desaparición de un ser querido no reciben los apoyos necesarios en materia de educación o salud, que por ley les corresponden.

La CEAV tiene identificados 2 mil 265 hijos e hijas menores de edad, víctimas indirectas de delito y/o violación a sus derechos humanos relacionados con desaparición. De ellos, 289 están vinculados con el delito de desaparición forzada y 293 con el delito de desaparición por particulares. Del resto, los mil 683 niños y niñas víctimas indirectas, no se especifica el tipo de desaparición.

El registro también contempla a 441 hermanos y hermanas víctimas indirectas por desaparición. De ellos, 53 son menores de edad.

En 2019 se firmó convenio entre la CEAV y la Coordinación Nacional Becas para el Bienestar Benito Juárez por medio del cual se han otorgado mil 112 becas a personas en calidad de víctimas indirectas afectadas por el delito de desaparición, pertenecientes a 773 familias, de las cuales, 599 se identificaron en 2020 y 174, en 2021.

Desde 2013, la Ley General de Víctimas establece la obligación de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a proporcionar ayuda o reparación integral en materia de salud, educación y asistencia social a las víctimas y sus hijos menores de edad; de lo contrario, serán sujetos a responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Con información de El Universal.