La organización presentó en su informe “Atrocidades registradas en medios 2022” en el que expone cifras de crímenes de extrema violencia.
La organización Causa en Común presentó durante un foro su informe anual “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, en él se presentan las cifras de casos de extrema violencia cometidos en el país como un ejercicio para reflexionar sobre los niveles de crueldad que se viven en México.
El informe indica que una “atrocidad” se refiere al uso intencional de la fuerza física para causar la muerte. Durante el periodo de enero a junio de 2022, se han contabilizado un total de 3 mil 123 crímenes de extrema violencia.
De acuerdo con los reportes de la prensa recopilados por Causa en Común, durante el primer semestre del año se registraron al menos 250 masacres, 856 casos de tortura, 426 casos de mutilación, descuartizamiento o destrucción de cadáveres; 410 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 12 asesinatos de periodistas.
Dichos crímenes tuvieron relación con la operación de grupos de narcotráfico en algunos estados, mientras que los feminicidios ocurrieron en todos los estados con diferentes características. En total, en estos seis meses hubo un incremento de 18% de atrocidades comparado con el mismo periodo del año anterior.
En la presentación participaron el periodista Luis Chaparro; Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos; y la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
Morera destacó que el fenómeno de la violencia extrema no es visible en las estadísticas oficiales de inseguridad, ya que para efectos de clasificación no se toma en cuenta en los registros las formas que ocurrieron los asesinatos y las ejecuciones.
Por su parte, Jacobo Dayán señaló que la visión actual de la violencia como consecuencia de la presencia de grandes cárteles de la droga alimenta el discurso de militarizar la seguridad pública. En cuanto a la tortura, dijo que es una práctica generalizada ante la cual el Poder Judicial ha sido omiso, ya que de 30 mil casos sólo hay 43 sentencias por este delito.
Por lo tanto, consideró necesario que desde las fiscalías se planteen otras formas de acceso a la justicia, como la revisión de procesos de macrocriminalidad, más que caso por caso.
Luis Chaparro resaltó que las víctimas de la violencia indirecta son las y los periodistas, especialmente quienes cubren notas locales porque debido a la condición precaria en la que ejercen su profesión se encuentran en una posición de indefensión absoluta. Son ellos quienes se encargan de investigar los nexos entre el gobierno y el narco sin contar con algún tipo de protección.
También se reflexionó sobre la importancia de que se utilicen aproximaciones sociológicas más allá de los enfoques policiacos para que se logre una comprensión de las realidades locales y a partir de ello se diseñen políticas de seguridad, prevención y de corte social adaptadas a cada comunidad y región del país.
La acumulación de violencias y atrocidades también refleja patologías a nivel mental de suma gravedad, las cuales representan un reto social mayúsculo. Por lo cual también es importante sumar un enfoque psicológico.
“Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional”.
Si te interesa consultar el informe completo, lo puedes descargar en este link.
Con información de El Economista.
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