Una investigación detallada realizada por el periodista Iván Alamillo para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advierte sobre un controvertido episodio que involucra a un ex escolta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con presuntos vínculos con el narcotráfico. Los hallazgos ponen de manifiesto una serie de eventos que datan desde su detención en 2012 hasta su reciente participación en la Guardia Nacional y su presunto nombramiento en la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el reporte, Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, habría alertado al Fiscal Alejandro Gertz Manero sobre la designación de un ex escolta de AMLO en la Subprocuraduría Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien previamente estuvo preso por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva. Este individuo, identificado como Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, fue señalado por proteger a este cártel desde el año 2007, según registros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La investigación revela que Hernández Soto, quien formó parte del equipo de seguridad de López Obrador durante su campaña en 2006, fue detenido en mayo de 2012 bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, los cargos en su contra fueron retirados cinco meses después del inicio del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, debido a la falta de pruebas contundentes.
De manera preocupante, se señala que la designación de Hernández Soto como director del Cuerpo Técnico de Control de la FGR habría sido influenciada por altos funcionarios, incluido el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, quien habría sido superior jerárquico de Hernández Soto en el pasado. Esto plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y prácticas irregulares en el proceso de nombramiento.
Además, se destaca que Hernández Soto estuvo asignado a la Guardia Nacional, pero la información sobre sus funciones en esta institución ha sido reservada tanto por la FGR como por la Guardia Nacional, lo que genera incertidumbre sobre su situación actual y sus responsabilidades dentro del ámbito público.
La investigación de MCCI resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, especialmente cuando se trata de casos que implican posibles vínculos con la delincuencia organizada. La sociedad mexicana merece conocer la verdad sobre estas cuestiones y exigir que se tomen medidas apropiadas para garantizar la integridad y la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Este reporte subraya la necesidad de una mayor vigilancia y escrutinio público sobre los procesos de nombramiento en cargos clave dentro del sistema de justicia y seguridad, así como la urgencia de abordar las posibles conexiones entre el crimen organizado y las esferas de poder en México.
La investigación arroja luz sobre los hechos que rodearon la detención de Hernández Soto en mayo de 2012. Según los informes, elementos de la policía ministerial de la Procuraduría General de la República lo aprehendieron y lo trasladaron al penal del Altiplano como parte de lo que se conoció como la “Operación Limpieza”. Esta operación, dirigida por la entonces procuradora Marisela Morales, tenía como objetivo desmantelar presuntas redes de corrupción y narcotráfico que involucraban a altos funcionarios militares, incluido el General Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, los cargos contra Hernández Soto y otros altos mandos militares fueron retirados debido a la falta de pruebas contundentes, lo que plantea interrogantes sobre la validez de las acusaciones y la integridad del proceso judicial. A pesar de su absolución en los tribunales mexicanos, la sombra de las acusaciones de vínculos con el narcotráfico ha seguido persiguiendo a Hernández Soto, especialmente en el contexto de su posible nombramiento en la FGR.
El informe también revela detalles sobre la posible influencia de figuras prominentes en el nombramiento de Hernández Soto en la FGR. Según la investigación, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, habría jugado un papel clave en su designación, a pesar de los señalamientos previos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta conexión plantea serias preocupaciones sobre la independencia y la imparcialidad de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley en México.
Además, se destaca la falta de transparencia en torno a las actividades y responsabilidades de Hernández Soto en la Guardia Nacional, así como la negativa de las autoridades a proporcionar información sobre este asunto, lo que genera dudas sobre la integridad y la ética del sistema de justicia y seguridad en México.
Así, la investigación de MCCI revela una serie de irregularidades y conflictos de interés en torno al caso de Hernández Soto, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales. La sociedad mexicana merece respuestas claras y acciones concretas para abordar las preocupaciones sobre la corrupción y el narcotráfico en el país, y garantizar la integridad y la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
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