El problema de la falsificación de licencias es más grave de lo que parece; se trata de una red criminal que vulnera los datos personales.
La licencia de conducir es uno de los trámites más solicitados no solo por ser un requisito indispensable para poder movilizarte en vehículo a diferentes partes del país, sino porque también tiene un valor como documento de identidad.
A nivel mundial, la licencia es de las pocas credenciales válidas para comprobar nombre, edad, nacionalidad, residencia, entre otros datos personales relevantes. En países como Estados Unidos, Canadá y la mayoría de las naciones europeas tiene más peso que el pasaporte.
Su expedición alimenta una base de datos más compleja que la del propio Instituto Nacional Electoral (INE). Según la Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Plataforma México cuenta con cerca de 32 millones de registros.
Su validez como documento oficial lo hace altamente vulnerable a falsificaciones. Un caso ilustrativo es el de Eleazar Media Rojas “El Chelelo”, uno de los líderes más importantes del Cártel del Golfo, quien al momento de su arresto portaba una licencia de conducir falsa.
Y no fue la única vez, de 2007 a 2018 fue arrestado cuatro veces y, en todas las detenciones, le fue asegurada una licencia falsa con un nombre distinto. Este tipo de casos son comunes entre criminales y políticos sujetos a procesos judiciales. Emilio Lozoya, por ejemplo, portaba una licencia de conducir mexicana con el nombre de Jonathan Solís Fuentes, con la cual había fincado una identidad ficticia en España.
No obstante este fenómeno, no ha habido avances significativos en cuanto la homologación de su emisión a nivel nacional, así como de los candados de seguridad y las herramientas tecnológicas disponibles. Su trámite continúa sujeto a corrupción, favoritismos e ignorancia.
“La integridad de los documentos de identidad es un componente clave de las estrategias nacionales e internacionales contra el crimen y terrorismo”.
Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto de 2008 en Palacio Nacional establece ciertas disposiciones que los tres niveles de gobierno deben cumplir, entre ellas “actualizar las bases de datos de vehículos y licencias de conducir” bajo métodos seguros como la toma de datos biométricos, huellas dactilares y datos personales.
Entre 2016 y 2017, como parte de los trabajos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los secretarios estatales firmaron el convenio “Principios Técnicos, de Funcionalidad y Seguridad para las Características, Contenidos y Procedimiento de Emisión de las Licencias de Conducir”, con el objetivo de estandarizar el documento, blindar los datos personales de la ciudadanía, contar con una herramienta colectiva en contra de la criminalidad y conformar una base de datos nacional.
Además, el convenio obligaba a homologar los documentos probatorios solicitados antes de su entrega, el acopio de información biométrica como medida de seguridad, el software para verificar la autenticidad del documento, la capacitación de los funcionarios estatales para el uso de herramientas tecnológicas de verificación y el suministro de datos a una plataforma nacional.
Alejandro Vitela, asesor y consultor integral de seguridad corporativa, explica que hay estados donde el tema no tiene relevancia. Por lo tanto, al no haber parámetros internacionales ni blindaje ante la criminalidad, se propicia la falsificación de las licencias.
“Puedo llegar ahí, ponerme una peluca, un bigote falso, dejarme la barba y ponerme lentes, me tomo la foto y ya tengo una identificación oficial, pero no soy yo, estoy haciendo una usurpación de identidad”.
Alejandro Vitela, asesor y consultor integral de seguridad corporativa.
Una de las medidas que se necesitan aplicar con prontitud es la recopilación de datos biométricos y la construcción de una base de datos fidedigna que reduzca al mínimo la posibilidad de falsificación. En este sentido, Vitela recuerda que hay una laguna legal en cuanto a la autentificación de documentos de identidad, lo que ha permitido usurpar datos de fallecidos, utilizar prestanombres o testaferros.
El principal beneficiario de esta circunstancia es la delincuencia organizada. Hay una red muy grande de falsificadores a nivel mundial en la que termina por controlar el mercado de la identidad, sobre todo en las zonas fronterizas.
La credencial para votar elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha mantenido como el documento de identificación principal, sin que en su origen haya sido pensada como tal. Lo es en tanto no hay otra con mayor alcance y que se sustente en un sistema de similar envergadura. La falta de legislación sobre la identidad es el tema de fondo.
Un gran peligro en la falsificación de licencias es que puede facilitar la obtención irregular de otros documentos como el acta de nacimiento y la propia credencial para votar, todo a partir de una identidad falsa. Con ello lo demás es pan comido: tramitar un pasaporte y abrir cuentas bancarias.
Con información de La Crónica.
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