Foto: Cenapred
A 14 años de la tragedia en la Guardería ABC, que dejó como resultado la muerte de 49 niños y niñas y 100 víctimas sobrevivientes, los familiares y afectados tienen como consigna el famoso “¡Ni perdón ni olvido!
Desde el 5 de junio del 2009, las víctimas exigen a las autoridades el esclarecimiento del caso y, a su vez, que éste no se quede sumergido en la impunidad.
Aquel día, un incendio se desató en una bodega de archivos perteneciente a la Secretaría de Hacienda de Sonora, ubicada en Hermosillo. Esta bodega se encontraba contigua a la Guardería ABC, la cual albergaba a 176 niños y niñas de entre cinco meses y cinco años de edad, y contaba con 41 empleados.
El incendio en la bodega de Hacienda se propagó hacia las instalaciones de la guardería, mientras los niños dormían en su interior. Sin embargo, la respuesta ante la emergencia fue lenta, en parte debido al cierre de las salidas de emergencia, la falta de detectores de humo y extintores, y la ausencia de simulacros anteriores.
Además, solamente había 14 personas responsables de supervisar a más de cien niños y niñas en la Guardería ABC.
Pese a que ya han pasado tres distintas administraciones desde el suceso, aún quedan muchos cabos por atar y justicia que impartir. Aquí enlistamos algunas de las acciones pendientes para que esta tragedia no quede en el olvido:
En 2009, en aquella tragedia, 49 niños y niñas perdieron la vida, 81 fueron expuestos al humo tóxico y 24 sufrieron quemaduras, mientras que 10 personas resultaron heridas y 16 fueron expuestos al humo en el trágico incendio.
Un mes después del suceso, varios funcionarios, incluyendo la coordinadora Nacional de Guarderías, Carla Rochín, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Salazar, y el delegado estatal del IMSS, Arturo Leyva, fueron destituidos de sus cargos.
A pesar de ser una de las peores tragedias que ha enfrentado México y su niñez, la justicia ha tardado más de 10 años en materializarse. Veintidós personas fueron procesadas y 19 recibieron una sentencia por homicidio culposo, pero ninguna de las sentencias ha sido ejecutada debido a las apelaciones y amparos presentados por los acusados.
Además, ningún funcionario del gobierno de Felipe Calderón fue sancionado o considerado responsable por las negligencias administrativas, la falta de medidas de protección civil y la atención a las víctimas.
A pesar de la ausencia de sentencias y una resolución definitiva, para las familias de los niños y niñas de la Guardería ABC está claro: este accidente fue un crimen de Estado debido a las omisiones e irregularidades cometidas.
La Guardería ABC presentó múltiples irregularidades en materia de protección civil, ya que era una construcción de material inflamable y excedía la capacidad autorizada por ley al tener inscritos a 220 niños, superando el límite de 159 establecido para todas las guarderías. Resulta sorprendente que tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal no detectaron estas irregularidades.
Entre los funcionarios de alto perfil involucrados en estas omisiones y negligencias se encuentran los exdirectores del IMSS. Juan Molinar Horcasitas, quien murió en mayo de 2015, fue señalado por firmar el último permiso que permitía a la Guardería ABC seguir operando a pesar de no cumplir con los protocolos de seguridad.
Daniel Karam, quien asumió su cargo como director del IMSS en marzo de 2009, también fue señalado como posible responsable de esta tragedia, aunque posteriormente fue exonerado.
Eduardo Bours, gobernador de Sonora en ese momento, también fue vinculado por su responsabilidad en la falta de identificación y control de riesgos en protección civil. Aún así, ninguno de los tres exfuncionarios fue cesado o separado de su carga.
En cuanto a los propietarios de la guardería, no enfrentaron ninguna consecuencia. Por ejemplo, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, socia fundadora de ABC y familiar de Margarita Zavala, fue investigada pero absuelta en 2012.
Eduardo Bours era gobernador de Sonora en ese entonces y también fue vinculado por su responsabilidad en la falta de identificación y control de riesgos en protección civil.
Durante el gobierno de AMLO, se abrieron dos carpetas de investigación relacionadas con el caso. La primera se hizo el 28 de junio de 2019, seguida por otra el 25 de febrero de 2020. Aunque el IMSS ha mantenido cierta confidencialidad en torno al caso, se sabe que una de las denuncias fue presentada por Francisco Javier Morales, apoderado legal del IMSS, señalando a Eduardo Bours como responsable.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con los antecedentes de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en años anteriores.
En una de estas investigaciones, se planteó la hipótesis de que el incendio pudo haber sido provocado con el propósito de destruir documentos de la Secretaría de Hacienda de Sonora. Aunque se involucró a una institución del Reino Unido en la investigación, aparentemente no se han obtenido resultados significativos hasta el momento.
En el año 2011 se promulgó la Ley 5 de junio, también conocida como Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil. Esta ley representó una importante victoria para las familias de los niños y niñas de la Guardería ABC, ya que su objetivo principal es prevenir la repetición de casos similares a través de evaluaciones periódicas por parte de las autoridades a los centros de cuidado infantil, tanto privados como públicos.
Además, se establece la creación de un registro nacional que incluye a todas estas guarderías y se requiere la contratación de seguros obligatorios.
A pesar de esta ley, algunos estados han tardado en incorporarla a sus legislaciones o, en casos más preocupantes, se han presentado irregularidades similares, aunque en contextos diferentes, como fue el caso del Colegio Enrique Rébsamen.
Las familias afectadas solicitan una disculpa pública por parte del gobierno, aunque están dispuestos a aceptarla únicamente cuando se haya llevado a cabo el enjuiciamiento de los responsables, se aplique la Ley 5 de Junio en su totalidad y se haya cumplido con la creación del memorial de las víctimas.
En colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, las familias lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera su caso con el objetivo de llevarlo ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Buscan que esta emita una resolución que responsabilice al Estado por las omisiones en el incendio de la Guardería ABC. Asimismo, esperan que este año se concluya con la reparación integral de las víctimas.
Aún están pendientes el establecimiento de un memorial en honor a las víctimas del 5 de junio de 2009, así como la completa reparación del daño ocasionado.
La reparación se entiende como las compensaciones que el gobierno debe otorgar a través de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) tanto a los niños y niñas que perdieron la vida como a los menores que resultaron heridos.
Sin embargo, se han presentado problemas en cuanto a la fijación de los montos de indemnización por parte de la CEAV, de acuerdo con las familias afectadas, lo cual ha llevado a que las víctimas tengan que recurrir a la tramitación de amparos para corregir esta situación . Mientras tanto, la ayuda a estas víctimas se retrasa.
Este 5 de junio, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó durante la conferencia matutina que el gobierno federal tiene la intención de finalizar la reparación integral de las víctimas este año.
Según Encinas, el gobierno actualmente está brindando atención a 936 víctimas directas e indirectas, incluidos los 49 niños fallecidos, 104 menores heridos y hospitalizados, así como 783 padres y familiares afectados. Se espera cerrar el capítulo de reparaciones integrales este 2023 y establecer medidas permanentes para todas las víctimas reconocidas.
“Esperemos que este año cerremos el capítulo de reparaciones integrales independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto se cumplirán para todas las víctimas consideradas”, declaró en la conferencia del presidente.
Además, Encinas Rodríguez señaló que dos personas fueron detenidas. Se trata de Sergio Antonio Salazar y Carla Rochín, quienes ocuparon los cargos de director de prestaciones económicas y sociales, y coordinadora de guarderías, respectivamente, en el momento en que ocurrió la tragedia.
Además de exigir a las autoridades que esta tragedia no se quede impune, es necesario que leyes como la Ley 5 de junio y otras más que procuren la protección civil se respeten y vigilen con total apego.
La Ley 5 de junio es importante para los mexicanos porque representa un avance significativo en la protección y garantía de los derechos de los niños y niñas en el ámbito de la atención, cuidado y desarrollo infantil.
Esta ley busca prevenir la repetición de situaciones similares y establece medidas específicas para regular y supervisar los centros de atención y cuidado infantil, tanto públicos como privados. Algunos aspectos importantes de la ley incluyen:
La Ley 5 de junio busca garantizar que los niños y niñas tengan un entorno seguro, adecuado y propicio para su desarrollo integral, así como promover la transparencia y responsabilidad en la prestación de servicios de atención infantil. Es un recordatorio constante de la importancia de proteger y velar por los derechos de la infancia en México y de la necesidad de evitar tragedias como la ocurrida en la Guardería ABC.
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