El presidente prometió que habría justicia para el caso de José Eduardo Ravelo, sin embargo, la FGR informó que murió por neumonía y no existió tortura ni violación por parte de los policías municipales.
Mientras el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, expuso en la conferencia mañanera del presidente que la entidad tiene la menor tasa de homicidios, del país, hoy se recordó el caso del joven veracruzano de 21 años fallecido en Mérida el pasado 21 de julio. José Eduardo Ravelo fue detenido por elementos de la policía municipal por alterar el orden público. Tras avisar a su madre que había sufrido abusos y violaciones en su detención, el pasado 18 de agosto María Ravelo presentó una denuncia ante la FGR contra los policías municipales. Durante su conferencia matutina, el presidente aseguró que habría justicia para José Eduardo:
“Hay algunos casos que se lamentan, como lo que sucedió con un joven que fue detenido y han indicios de que fue vejado y perdió la vida en manos de la policía municipal, pero ya se está atendiendo este caso. Las autoridades estatales están ayudando. Ya atrajo el caso, la Fiscalía General de la República y no hay impunidad. Todo el que comete un delito, tiene que ser castigado”, dijo López Obrador en Yucatán.
La Fiscalía General de la República (FGR) publicó un comunicado en el que señala que la muerte de José Eduardo Ravelo no fue por tortura, sino por neumonía. La institución señala que dicha determinación se basa en más de 50 testimoniales, “45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales”. Asimismo, informó que se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, según las cuales la muerte de José Eduardo fue por una neumonía que no estaba no relacionada con algún traumatismo derivado de su detención.
Además, señala que se analizaron los videos de los hechos desde el momento de su detención hasta que llegó a la cárcel, los cuales tienen una duración de 11 minutos, así como los de su estancia en la cárcel, de 24 horas. De acuerdo con el análisis de las imágenes, la FGR determinó que “NO se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto. (Todos los videos están a disposición de los ofendidos y lo estarán a disposición del Juez competente, en su caso)”.
Se determinó, a través de periciales en medicina, la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte.
En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal.
Lo que SÍ existió fue la falsedad en dictámenes ministeriales; por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales.
Actualmente, se está en proceso de judicialización, para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
Esta Fiscalía General de la República continúa con su investigación respecto de la posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.
Fiscalía General de la República
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, publicó esta tarde un boletín de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el que se hace un extrañamiento de las declaraciones de la Fiscalía General de la República sobre el caso. En él, la CEAV señala que las declaraciones de la Fiscalía fueron conclusivas, aunque la investigación aún no se encuentra en una fase conclusiva, sino en una preliminar. Además, acusa a la Fiscalía por su falta de sensibilidad con la familia de José Eduardo:
Reclamamos la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin previo aviso a la familia, la Fiscalía General de la República da a conocer las conclusiones de su investigación. La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso.
A su vez, exhortamos a la Fiscalía a enunciar qué acciones penales va a realizar en contra la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.
Tanto la tortura, como la alteración de evidencias, constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas que deben ser erradicadas de manera definitiva.
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