La FGR adquirió equipo de espionaje masivo ilegal

El reportaje de El País revela que la Fiscalía General de la República contrató una plataforma para espionaje con geolocalización en los años 2019 y 2020.

Al menos cuatro contratos firmados

Por un monto de 5.6 millones de dólares, la Fiscalía General de la República firmó al menos cuatro contratos con la empresa Neolinx de México. Misma que usó de intermediaria Hacking Team, empresa que procuró equipo de ciberespionaje al Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La adquisición de programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis masivos se hicieron con recursos de la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, lo que mantiene fuera del foco de transparencia algunos documentos.

Neolinx de México ha sido facilitadora para Hacking Team, empresa identificada como principal proveedora de equipos de espionaje a 35 países, varios de ellos señalados por violaciones a los derechos humanos y entre los que destaca México. En abril del 2018 se había firmado el último contrato antes del cambio de gobierno.

Utilizando a la empresa israelí Rayzone Group como intermediaria, Neolinx ha estado vendiendo sus servicios al actual gobierno para, según ellos, operaciones contra el crimen organizado. No obstante, expertos advierten que un uso desmedido sí constituye una transgresión a los derechos de las personas.

Entre los contratos firmados, uno estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2,4 millones de dólares. Este servicio es conocido como Geomatrix, el mismo que generó un escándalo en el sexenio anterior por ser usado indiscriminadamente contra periodistas y activistas a través del malware Pegasus.

Otro contrato hecho por la Policía Federal Ministerial se realizó en 2019 con un costo de 1,1 millón de dólares. Este sistema de inteligencia de señales permite obtener información sobre un punto de interés en particular o la recolección masiva de información de todos los usuarios de internet en el país

Vigilancia masiva viola derechos humanos

Aunque la Fiscalía reportó que utilizó la localización geográfica 124 veces, García Muñoz, activista, destaca que “el contrato implica 135 mil búsquedas y según los datos reportados en la PNT únicamente reportó 124 veces por lo que de nuevo se presume enormemente su uso ilegal. Esto indica una enorme subutilización del sistema o, con más probabilidad, implica un uso ilegal de la herramienta.”

Aunado a ello, reportes de la Auditoría Superior de la Federación alertaron de la vulnerabilidad y poco rigor en el trato confidencial de los datos. Tras una visita realizada a la empresa se constató que no cuentan con personal profesional sino que utiliza personal subcontratado.

La Red de Defensa de los Derechos Digitales (RD3) puntualiza que la vigilancia masiva indiscriminada es una medida desproporcionada y violatoria a los derechos humanos.

“En ningún caso, la vigilancia masiva puede ser considerada legítima por parte del Estado, ya que toda acción de este tipo debe ser focalizada, justificada por circunstancias específicas de un caso concreto.

Bajo ninguna perspectiva, la adquisición y uso de la plataforma Echo es justificable por parte de la Fiscalía General de la República, en tanto incumple con los requisitos de necesidad y proporcionalidad; y así como ha quedado demostrado con anterioridad, tampoco es operada con previa autorización judicial, como exige la Constitución.”

En este sentido, hace un llamado a entablar un proceso de reforma legal y administrativa que establezca controles y termine con los abusos, la impunidad y transparente el uso de estas herramientas.

Con información de El País, R3D.