Especialistas en seguridad pública pronostican que la militarización como estrategia para frenar la violencia en México no ha funcionado, esto debido a que la cifra de delitos en el país seguirá igual o incluso podría incrementar en los próximos meses.
Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso una iniciativa preferente para que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una estrategia de gobierno con la que cumpliría su objetivo de militarizar la seguridad pública con el objetivo de detener la violencia que inunda al país, principalmente la perpetrada por los grupos del crimen organizado.
En este contexto, Reporte Índigo consultó a especialistas en materia de seguridad pública, quienes advirtieron que la medida del presidente no acabará pronto con la inseguridad y la violencia en México, lo cual se debe “al discurso militarista del Gobierno federal, a la falta de una estrategia de seguridad pública articulada y de coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre otros factores”.
El Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada (CED) ha pedido al presidente López Obrador abandonar el enfoque de militarización y, en su lugar, establecer un plan de retiro ordenado e inmediato de los militares que llevan a cabo tareas de seguridad pública. Pese a ello, el presidente y los miembros de su gabinete niegan tajantemente que se trate de una militarización; López Obrador insiste en que “el propósito es dotar al país de un cuerpo profesional, un cuerpo de policía que sea capaz de garantizar la seguridad a todos”.
“México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. Nosotros jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen. Porque tenemos una convicción real de que llegamos para transformar un país que nos fue heredado en condiciones vergonzosas. Nuestro compromiso es con la patria”, asegura por su parte Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien ha llamado a los legisladores morenistas a cerrar filas para aprobar la iniciativa.
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El presidente presentará 12 propuestas para la “construcción de la paz”, las cuales incluirán cambios en los artículos 45 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal para el refinanciamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para que los estados cuenten este año con recursos adelantados de los presupuestos de 2023 y 2024 para equipar a las policías estatales y municipales. También propone que los Ejecutivos federal y estatales puedan otorgar libertad anticipada a personas con condenas breves o en estado de vulnerabilidad, mediante un Comité integrado por autoridades penitenciarias, el Poder Judicial, las fiscalías y la Defensoría Pública.
De igual forma, propone reformar la Ley de Instituciones de Crédito para que el gobierno pueda usar el dinero de las cuentas congeladas del crimen organizado y creará la Ley General de Seguridad Privada para elaborar un Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Personal Operativo. Asimismo, busca crear una nueva Ley General de Ciberseguridad y una Comisión Interinstitucional que califique la categoría de los videojuegos para su renta y comercialización.
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Con información de Reporte Índigo
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