México, entre la polarización y el deterioro de su seguridad

Según el Índice de Paz México, la mayoría de los ciudadanos opina que el país se encuentra en un estado de polarización muy pronunciado y es poco probable que esta situación mejore. 

Según una encuesta incluida en el informe, en 2022 el 52% de los mexicanos consideró que el país estaba altamente polarizado o incluso extremadamente polarizado.

El informe, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que la polarización se ha intensificado en los últimos años debido a las diferencias partidistas y a la creciente confrontación entre diversas voces dentro del gobierno.

Mientras tanto, el 65% de los ciudadanos mexicanos expresaron su escepticismo acerca de la posibilidad de superar la polarización en el país. 

Además, según un estudio del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, el nivel de polarización en México ha aumentado hasta un 66% entre los años 2017 y 2022, alcanzando niveles máximos que no se veían en casi un siglo.

La polarización debilita las denuncias

Según el informe, la polarización debilita la capacidad del gobierno para funcionar de manera efectiva y unida, al tiempo que reduce la confianza y la disposición de los ciudadanos para participar en los procesos cívicos.

“La polarización a menudo se manifiesta en protestas y manifestaciones, que en algunos casos se vuelven violentas cuando los manifestantes chocan con la policía”, detalla el documento.

Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, afirmó que esta polarización no sólo limita la capacidad del gobierno para funcionar eficazmente, sino que también reduce la disposición de los ciudadanos para denunciar actividades ilícitas a las autoridades, lo que crea un círculo vicioso que fomenta la impunidad. 

Según datos a nivel nacional, el 14.8% de los mexicanos optan por no denunciar delitos debido a la falta de confianza en las instituciones.

Paz en México se ha deteriorado

En su columna de opinión, Clara Jusidman, economista por la UNAM, señaló que la paz en México se ha deteriorado en 14.8 %, “aunque ha mejorado 3.6% en los últimos tres años”. Por ello, refirió que como sociedad aún se está muy lejos de alcanzar los bajos niveles de paz que teníamos en 2015.

Los datos del informe señalan que, la tasa de homicidios a nivel nacional ha experimentado un aumento del 63%, pasando de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Asimismo, la tasa de delincuencia organizada ha aumentado en un 64.2% desde 2015, impulsada principalmente por un incremento del 149% en la tasa de delitos relacionados con el narcomenudeo.

Por ello, señaló que en la última década, México se ha convertido en un lugar de alto riesgo para los activistas sociales que defienden los derechos humanos y ambientales, siendo el segundo país más peligroso del mundo para los periodistas. 

“En 2022 un total de 403 policías fueron asesinados. Agregaría que un número creciente de sacerdotes son asesinados, 33 en la última década. El más reciente, el de Javier García Villafaña, cometido el lunes en Michoacán”, recordó. 

La razón: el narcotráfico

La experta señaló que desde su perspectiva, lo que ha ocasionado el alza de la inseguridad en el país es el tráfico de drogas en el territorio mexicano. 

“Desde mi óptica el tráfico de estupefacientes ha sido la actividad principal del crimen organizado en nuestro país. Lamentablemente, cambios importantes en la composición de la demanda de drogas en Estados Unidos producen mucha inestabilidad en las ganancias que recibe la delincuencia organizada. De un elevado consumo de mariguana, cambió a una mayor demanda de cocaína y a opiáceos sintéticos como el fentanilo, en los últimos años”, detalló. 

Jusidman señaló que la política de prohibición impuesta por el gobierno de Estados Unidos genera la ilegalidad y desencadena disputas violentas entre grupos delincuenciales. Además, al verse afectados en sus ganancias y operando en la ilegalidad, aprovechan la impunidad existente y la falta de una política de seguridad efectiva para infiltrarse y controlar actividades económicas legales de manera creciente. 

“Someten y extraen ingresos de productores y comerciantes por la vía de la extorsión, cobro de piso, control de proveedores y de las ventas”, indicó la economista. 

Además, expanden su participación en otros delitos como la trata de personas, los desalojos ilegales para apropiarse de tierras, bosques y recursos hídricos, así como la extracción ilícita de combustibles, minerales y especies animales, entre otros.

“Es así como la población ha llegado a estar sometida, explotada y abusada por los cárteles y las bandas del crimen organizado. Sus actividades, además, están coludidas y protegidas por políticos, empresarios y militares que, con ello, acrecientan su riqueza y su poder”, puntualizó.

Te recomendamos leer: 47% de las y los mexicanos cree que el gobierno federal no atiende la inseguridad

Con información de La Silla Rota y Latinus.