Interferencia de AMLO en asuntos Judiciales podría tener consecuencias legales; PRD presenta denuncia ante la SCJN
Dos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confesará que interfirió en asuntos judiciales, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, hizo hincapié en la importancia de diferenciar entre el diálogo y la subordinación del Poder Judicial frente a otros poderes del Estado.
Durante su participación en el 19 Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) en Querétaro, Piña Hernández destacó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de los ciudadanos.
“En una correcta interpretación de nuestra Constitución, nunca debemos confundir la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal ante los demás poderes”.
Ministra Norma Piña Hernández
Asimismo, enfatizó que la independencia judicial es esencial para la democracia y la protección de los derechos, siendo un pilar que garantiza una adecuada impartición de justicia para asegurar las libertades y la igualdad de todos los mexicanos.
Piña Hernández subrayó que la independencia judicial no solo beneficia a los jueces, sino que es fundamental para el bienestar de la sociedad y el país en su conjunto. En este sentido, insistió en la necesidad de socializar el valor de la independencia judicial y la división de poderes entre la sociedad, destacando que, sin esta separación de poderes, no puede existir una verdadera Constitución.
AMLO admite intervención en decisiones del Poder Judicial durante la presidencia de Zaldívar
El mensaje de la Ministra Piña Hernández surge despues de que durante su conferencia matutina del miércoles 21 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haber intervenido en decisiones del Poder Judicial durante el mandato del exministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según López Obrador, aún en la época en que Zaldívar lideraba la Corte, existía un mayor recato en las decisiones judiciales. En situaciones como la liberación de Emilio Lozoya, el presidente y su equipo se acercaban respetuosamente al presidente de la Corte para expresar su perspectiva. Zaldívar, por su parte, actuaba en aras de los intereses generales, la justicia y la protección ciudadana al dialogar con los jueces y magistrados sobre investigaciones irregulares del Ministerio Público.
El mandatario criticó la aparente resistencia del poder judicial a las reformas y su autonomía excesiva, enfatizando la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial, e insistiendo en la elección popular de jueces y magistrados como una forma de garantizar una mayor legitimidad y cercanía con la ciudadanía.
Arturo Zaldívar desmiente a AMLO: ‘Nunca le hablé a un juez para instruirle casos’
En respuesta a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su presunta influencia en decisiones judiciales, el exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, aclaró que nunca instruyó a ningún juez durante su gestión.
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Zaldívar admitió haber mantenido una buena relación con el presidente durante su tiempo al frente del máximo tribunal, destacando la importancia del diálogo entre poderes. Sin embargo, enfatizó que dicha relación era de carácter constructivo y no implicaba ninguna intromisión indebida en asuntos judiciales.
Ante esto, el exministro presidente de la Suprema Corte reiteró que jamás emitió instrucciones a ningún juez para influir en el curso de algún caso. La controversia planteada por las declaraciones del presidente y la respuesta de Zaldívar ponen de relieve la sensibilidad en torno a la independencia judicial y el equilibrio de poderes en el sistema jurídico del país.
PRD pide investigar fallos de Zaldívar tras polémica
Por su parte, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a abrir una investigación exhaustiva sobre los fallos y actuaciones del exministro Arturo Zaldívar, luego de los señalamientos vertidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La secretaría general del PRD, Adriana Díaz Contreras, expresó su preocupación por las declaraciones del presidente, quien sugirió que Zaldívar habría intervenido en decisiones judiciales presionando a jueces. Ante estas acusaciones, el PRD considera necesario esclarecer si existen responsabilidades constitucionales, administrativas y penales relacionadas con posibles casos de tráfico de influencias o actuar por consigna de otro poder.
Díaz Contreras hizo un llamado a la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, para que consulte al Pleno sobre los procedimientos de investigación que deberían iniciarse en contra de Zaldívar. En este sentido, enfatizó que es fundamental defender la independencia y autonomía del Poder Judicial, y que el exministro debe ser investigado para salvaguardar la integridad de la institución.
Según la líder del PRD, las conductas señaladas podrían ser tipificadas como tráfico de influencias o delitos contra la administración de justicia, por lo que es imprescindible llevar a cabo una investigación rigurosa. Además, respaldó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández en su labor al frente de la SCJN y apoyó cualquier medida que se tome para restaurar el prestigio de la Corte y evitar futuras injerencias de otros poderes en sus decisiones.
Podría haber consecuencias penales
En una reciente entrevista en Aristegui En Vivo, Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), condenó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su presunta intervención en asuntos del Poder Judicial a través del entonces ministro presidente Arturo Zaldívar. Según Olea Peláez, estos hechos podrían acarrear consecuencias jurídico-penales.
El presidente de la BMA manifestó que las palabras del presidente revelan “inobjetablemente la injerencia del Presidente de la República en las determinaciones del Poder Judicial”, lo cual podría constituir un delito de tráfico de influencias y una afrenta a la administración de justicia.
“El Presidente de la República confiesa, reconoce y admite públicamente que le daba instrucciones, sugerencias -o como le quieras llamar- al entonces titular del Poder Judicial de la Federación. Si éste, como el propio presidente de la República, reconoce que finalmente acudió a dar indicaciones a jueces o magistrados. Pues claramente eso es delictivo”.
Víctor Olea Peláez
El presidente de la BMA señaló que estas acciones podrían ser sancionadas dentro del marco del Código Penal de la Federación, aunque subrayó que para iniciar investigaciones penales, sería necesario que existieran denuncias formales por parte de individuos afectados por estas presuntas interferencias.
“Alguien que pudiera haberse identificado con este tráfico de influencias o con esas injerencias en sus respectivos asuntos y sus correspondientes resoluciones judiciales, pudiera obviamente someter esto a una investigación”.
Víctor Olea Peláez
Olea Peláez sugirió también que jueces o magistrados podrían ofrecer explicaciones públicas sobre cualquier sugerencia que hubieran recibido del entonces ministro Zaldívar en relación con sus resoluciones judiciales.
