México Unido Contra la Delincuencia realiza un análisis crítico de la reforma a la Guardia Nacional propuesta por el Ejecutivo
El 5 de febrero de 2024, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que, sin duda, marca un antes y un después en la política de seguridad pública de México. Propuesta por el Ejecutivo federal, esta iniciativa plantea una reforma constitucional que redefine radicalmente el papel de la Guardia Nacional (GN), adscribiéndola a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y transformándola en parte de la Fuerza Armada Permanente. Tal medida ha levantado olas de crítica y preocupación entre diversos sectores de la sociedad, incluida la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que ha publicado un “Análisis Técnico” profundamente crítico respecto a esta propuesta.
Detalles de la Iniciativa
La iniciativa sugiere cambios fundamentales que alteran la naturaleza y la estructura de la seguridad pública en México:
- Adscripción y Militarización: La Guardia Nacional se adscribe a la SEDENA, sometiéndola al fuero militar y reconociéndola como parte de la Fuerza Armada Permanente.
- Facultades Presidenciales Expandidas: Se amplían las facultades del presidente para disponer de la GN, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en tareas de seguridad pública ordinarias.
- Transferencia de Personal: Se transfiere el personal naval y militar comisionado en la GN a la SEDENA, mientras que el personal proveniente de la Policía Federal se reintegra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Análisis Crítico por MUCD
El “Análisis Técnico” de MUCD señala varias implicaciones preocupantes de la reforma:
- Militarización de la Seguridad Pública: La integración de la GN a la SEDENA representa una militarización total de la seguridad pública a nivel federal, eliminando la posibilidad de una institución civil dedicada a la persecución de delitos federales. Esto, según MUCD, es un retroceso grave en la construcción de un sistema de seguridad pública civil y profesional.
- Perversión de la Función de Seguridad: La asignación de tareas de investigación del delito a una institución de carácter militar como la GN distorsiona la función de seguridad pública, que debe centrarse en la prevención, investigación y persecución del delito con un enfoque de derechos humanos.
- Aumento del Poder Militar: La reforma fortalece considerablemente el poder político y económico de la SEDENA, aumentando su estado de fuerza y presupuesto, lo que puede tener implicaciones significativas para el equilibrio de poder dentro del Estado mexicano.
- Centralización del Poder en el Ejecutivo: Al otorgar al presidente la facultad discrecional de utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se centraliza aún más el poder y se debilita el marco de controles y balances esencial para una democracia saludable.
Preocupación profunda
El análisis de MUCD subraya una preocupación profunda por los riesgos que la militarización permanente de la seguridad pública implica para los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho en México. La seguridad, argumenta MUCD, no debe construirse a expensas de la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este momento histórico exige un debate público informado, crítico y constructivo. La seguridad de México no puede depender exclusivamente de soluciones militares; requiere de un enfoque integral que fortalezca las instituciones civiles, promueva la justicia y proteja los derechos humanos. La iniciativa plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la seguridad y la democracia en México, haciendo eco de la necesidad imperante de diálogo, transparencia y participación ciudadana en las decisiones que moldearán el país para las generaciones futuras.
Los riesgos de la militarización para la población
La militarización plena de la seguridad pública en México conlleva una serie de riesgos y peligros para la población civil, que van desde el debilitamiento de la protección de los derechos humanos hasta el aumento de la violencia y la impunidad. A continuación, se detallan algunos de los principales riesgos asociados a esta política:
- Violación de derechos humanos: La presencia militar en labores de seguridad pública aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Las fuerzas militares, entrenadas para el combate en contextos de guerra, pueden carecer de la capacitación y la sensibilidad necesarias para interactuar con la población civil de manera respetuosa y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
- Impunidad: La militarización de la seguridad pública puede fomentar la impunidad al someter las acciones de las fuerzas armadas al fuero militar, que históricamente ha mostrado ser menos transparente y efectivo en la investigación y sanción de abusos cometidos por militares contra la población civil. La falta de rendición de cuentas puede generar un clima de permisividad y tolerancia hacia conductas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad.
- Aumento de la violencia: Contrario a lo que se podría esperar, la presencia militar en tareas de seguridad pública no necesariamente conduce a una disminución de la violencia y la delincuencia. Por el contrario, la militarización puede exacerbar la violencia al intensificar los enfrentamientos armados con grupos criminales y generar un clima de confrontación y hostilidad en las comunidades afectadas. Además, la militarización puede desplazar y deslegitimar a las instituciones civiles encargadas de la prevención y el combate del delito.
- Impacto en la vida cotidiana: La presencia constante de militares en las calles puede generar un ambiente de intimidación y miedo entre la población, especialmente en aquellas comunidades más vulnerables y marginadas. La militarización puede afectar la vida cotidiana de las personas al limitar su libertad de movimiento, generar tensiones sociales y culturales, y dificultar el acceso a servicios básicos como la educación y la salud.
- Desconfianza en las instituciones: La militarización de la seguridad pública puede minar la confianza de la población en las instituciones del Estado y en el sistema de justicia, al asociar la protección y el orden público principalmente con la fuerza y la coerción. Esta desconfianza puede alimentar la percepción de que el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos de manera legítima y democrática, lo que socava la legitimidad de las autoridades y el estado de derecho en general.
Para México Unido Contra la Delincuencia, la militarización plena de la seguridad pública en México representa un riesgo significativo para la población civil y para el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país. Es fundamental que las autoridades y la sociedad civil analicen de manera crítica las implicaciones de esta política y trabajen en la búsqueda de alternativas que promuevan la seguridad ciudadana de manera eficaz y respetuosa de los derechos humanos.