Foto: Diario de Sevilla
La historia controversial en torno al programa de espionaje israelí Pegasus se debe a su uso ilegal e indebido por parte de los últimos gobiernos para vigilar a todo aquel que se manifieste en contra del Estado.
Aunque el programa de espionaje se ha utilizado para luchar contra la delincuencia en el país, ayudando a desarticular redes de abuso de menores y detener a importantes capos del narco, también se ha empleado en el espionaje de periodistas y defensores de los derechos humanos.
En los últimos años, el espionaje por parte de los gobiernos de México ha dado de qué hablar, pues además de que no ha sido utilizado con el fin principal (el luchar contra la delincuencia), las personas que han sido sujetas de este suelen ser periodistas o defensores de derechos humanos.
Dichas intervenciones pueden considerarse como ilegales, pues según la legislación mexicana, las entidades gubernamentales necesitan la autorización de un juez para espiar las comunicaciones privadas.
La realidad contrasta con el discurso oficial del actual mandatario mexicano.
Al comenzar su sexenio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a detener el espionaje, pero las pruebas y los testigos aseguran que esta práctica continúa.
López Obrador precisa que su gobierno tiene como ejes rectores la democracia y el humanismo. A la par, asevera que la libertad de expresión siempre será garantía durante su mandato, pero las intervenciones mediante Pegasus dicen lo contrario.
A mediados del 2022, Pegasus se infiltró en los teléfonos celulares de dos de los principales defensores de los derechos humanos del país, quienes brindan representación legal a las víctimas de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los defensores de derechos humanos en cuestión fueron Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, quienes se enteraron de la intervención gracias a una alerta de Apple.
Otro de los casos sonados en el último año es el del activista Raymundo Ramos, en Tamaulipas, así como familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
A pesar de las pruebas que delataban el espionaje de las autoridades mexicanas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México no habló sobre el tema, pero sí se adhirió a la postura del gobierno: que el espionaje “de ninguna manera están dirigidos” a invadir la vida privada de personalidades políticas, cívicas y de los medios de comunicación.
De acuerdo con testigos entrevistados por The New York Times, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, además de la Sedeña, la Fiscalía General de la República y el CISEN también compraron el programa, pero hoy en día solo lo opera el Ejército.
Pegasus es un programa espía que se ha convertido a nivel mundial como sinónimo de la vigilancia estatal, pues países de Europa, Medio Oriente y América lo han utilizado.
El programa de espionaje es capaz de infectar tu teléfono sin ningún signo de intrusión y extraer todo lo que tiene, mientras vigila todo lo que haces con el dispositivo, en tiempo real.
En un comunicado emitido en el último trimestre del año pasado, la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) calificó como preocupante la acción de AMLO de legitimar la labor de “inteligencia” de las Fuerzas Armadas cuando es ejercida sin control judicial.
“Consideramos extremadamente preocupante que el presidente acepte y legitime la labor de ‘inteligencia’ de las Fuerzas Armadas, cuando estas no cuentan con facultades constitucionales y legales para realizar dichas funciones, y mucho menos, sin control judicial”, expresó la R3D.
Al respecto, la comisionada Josefina Román Vergara del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), dijo que dicho servicio “es una actividad en la que necesariamente debe mediar una orden judicial, pues la inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho humano”, establecido en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por su parte, apenas el día de ayer, 17 de abril de 2023, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que el Ejército no podrá intervenir las comunicaciones civiles sin la autorización previa de un juez; por tanto, queda establecido el lineamiento que el gobierno deberá cumplir con el uso de este software.
El rechazo de estas prácticas invasoras e ilegales es fundamental en la construcción de una ciudadanía crítica.
Asimismo, es necesario el respaldo que se le dé a organizaciones de derechos humanos que investigan la persecución y el espionaje del Estado.
Aunque los principales casos de espionaje se han dado en periodistas y defensores de derechos humanos, el potencial del programa deja ver que el resto de la ciudadanía no está exenta de espionaje. Por ello es necesario poner atención al funcionamiento de tus dispositivos móviles. Estas son algunas recomendaciones:
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Con información de SEMANTIC SYSTEMS, El Universal, Zona Franca, The New York Times y R3D.
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