Pena de muerte en México: ¿una respuesta contra la delincuencia?

La pena de muerte en México está prohibida por el artículo 22 constitucional, sin embargo, entre la sociedad aún genera mucha polémica su implementación, pues se considera como una medida viable para acabar con la delincuencia.

En 1961 murió el último condenado a pena de muerte en el país

En México la pena de muerte se erradicó en 2005. Sin embargo, esta práctica estuvo vigente durante la Colonia e incluso después de ella. En la Constitución de 1917 todavía se estipulaba la condena “al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”.

A nivel federal, los códigos penales de 1929 y 1931 suprimieron la pena de muerte, lo que influyó en que décadas después los códigos estatales también lo hicieran. Las últimas sentencias condenatorias que derivaron en la ejecución de los acusados fueron en 1957, cuando Juan Zamarripa y Francisco Ruiz Corrales fueron sometidos a la pena capital por violar y asesinar a dos niñas en Hermosillo, y en 1961, con la muerte del soldado José Isaías Constante Laureano por los delitos de insubordinación y asesinato. Actualmente, tras la reforma de 2005 , el artículo 22 constitucional señala que:

“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

El delgado hilo entre la justicia y los errores irreversibles

Cuando se comete un delito que causa indignación entre la sociedad, un amplio sector de la población pide que regrese la pena de muerte como castigo a los delincuentes. Incluso hay ocasiones en que los pobladores deciden hacer justicia por su propia mano y capturan a presuntos delincuentes, a quienes someten a torturas o linchamientos.

Presos de la furia, las multitudes acaban con la vida de los supuestos delincuentes y lamentablemente en muchas ocasiones las personas capturadas y asesinadas resultan ser inocentes. Basta recordar el trágico asesinato de estudiantes y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en Canoa y, sin ir más lejos, el terrible linchamiento al que fue sometido este año Daniel Picazo, asesor político que trabajaba en la Cámara de Diputados, en Huauchinango.

“Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir”, señala la organización Amnistía Internacional. En todo el mundo, el mayor argumento contra la pena de muerte es la posibilidad latente de condenar a un castigo irreversible a una persona inocente, lo que ya ha causado polémica alrededor del mundo por decenas de casos en que los condenados a muerte no cometieron los delitos que se les imputaban.

“Los sistemas judiciales de todo el mundo son imperfectos, pues son humanos: cometen errores y hay que asegurar que los errores no sean irreversibles”, señala Juan Ramón Flores, cónsul de Comunidades en la Embajada de México en EUA, en su artículo “¿Es la pena de muerte una solución?”, publicado en El Diario de Chihuahua. Flores señala que, además, “la aplicación de la pena de muerte no ha disminuido los índices de criminalidad de los terribles delitos que supuestamente inhibe”.

Hay 52 mexicanos condenados a la pena capital en EUA

Ante los 52 mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos, el experto señala que no basta con el trabajo que han realizado las representaciones consulares de México, al brindarles asistencia legal especializada y aboga por promover “acciones para obtener perdones, moratorias y conmutaciones de penas a los sentenciados, y eventualmente, la abolición de la pena de muerte alrededor de todo el mundo”.

“La pena de muerte se ha aplicado a condenados a favor de los cuales, muy lamentablemente, se han presentado posteriormente pruebas de su inocencia y, por supuesto, ya no hay remedio a la injusticia cometida por un Estado que existe, entre otros postulados básicos, para proteger a los inocentes”.

Con información de El Diario de Chihuahua, Este País y Amnistía Internacional.