En una reciente evaluación global sobre el Estado de Derecho, México ha mostrado un marcado retroceso, quedando incluso por detrás de países como Angola y Liberia, según el informe más reciente del World Justice Project (WJP). Esta situación plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las políticas y estrategias gubernamentales actuales en México.
Bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha experimentado un declive significativo en su posición dentro del ranking del Estado de Derecho. Desde 2019, el país ha descendido de la 99ª posición a la 116ª en 2023, entre un total de 142 naciones evaluadas. Este descenso progresivo contrasta notablemente con la retórica optimista del presidente, quien a menudo ha asegurado que el país avanza de manera positiva.
El WJP basa su evaluación en criterios como el desempeño institucional, la división de poderes, la ausencia de corrupción, y la garantía de derechos fundamentales, entre otros. En esta última edición, México obtuvo un puntaje de 0.42 en una escala donde 1 representa la adherencia óptima al Estado de Derecho. Este resultado es inferior al de naciones con contextos históricos y políticos considerablemente diferentes.
La posición de México en el ranking es alarmante, más aún considerando que, desde la llegada de López Obrador al poder, el país no solo no ha mejorado, sino que ha ido en detrimento. La ‘Cuarta Transformación’ prometida por el presidente parece estar lejos de materializarse en términos de fortalecimiento del Estado de Derecho.
Expertos en derecho y política internacional explican que el Estado de Derecho es un principio fundamental que garantiza que todas las personas e instituciones están sujetas y responsables ante la ley, que debe ser justa, pública, igualitaria y eficazmente aplicada. La adhesión a este principio es crucial para el funcionamiento democrático, la protección de los derechos humanos y la justicia social.
En el caso de México, los expertos señalan que el retroceso en el ranking del WJP refleja deficiencias en la gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la implementación de la ley. Este escenario es preocupante, ya que un Estado de Derecho sólido es esencial para combatir la corrupción, asegurar la estabilidad política y económica, y garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
Mientras México se enfrenta a retos significativos en la consolidación de su Estado de Derecho, la actual dirección política del país parece estar en discordancia con las necesidades fundamentales de justicia y equidad legal. La tarea pendiente para México es grande, y requerirá un compromiso renovado y sostenido hacia la reforma institucional y la justicia.
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