El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
El objetivo dicen, es combatir delitos
La minuta fue enviada desde la Cámara de Diputados y fue aprobada con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones entre las que destacan la senadora Nestora Salgado, Héctor Vasconcelos y Napoleón Gómez Urrutia. La senadora Jesusa Rodríguez votó en contra.
Varios legisladores de oposición mostraron su total rechazo a la iniciativa por ser violatoria a la intimidad, derechos humanos así como la falta de evidencia que demuestre la efectividad de estas medidas en el combate a la comisión de delitos. En su participación el senador por MC Noé Castañón recalcó que esta ley más que ayudar, fomentará otro tipo de delitos además del costo que asciende 109 millones de pesos para poner en marcha el padrón.
En definitiva, de aprobarse el presente dictamen más que ayudar a combatir a la delincuencia fomentará otro tipo de delitos y prácticas más elaboradas por el crimen organizado, generando un gasto innecesario por parte del Gobierno federal para la creación de este padrón”
Por otra parte, Emilio Álvarez Icaza también determinó que es una medida que vulnera los derechos humanos.
Constituye una medida propia de regímenes autoritarios que obstaculiza el derecho a la expresión anónima y facilita el monitoreo y control de poblaciones en relación con los derechos humanos en libertades fundamentales. Sólo existen 17 países que tienen un padrón de esta naturaleza, todos de corte autoritario”
En defensa, Salomón Jara argumentó que será de utilidad para la estrategia de seguridad.
En ese sentido debe quedar claro que la información contenida del Padrón Nacional de Telefonía Móvil, será de gran utilidad en la estrategia de seguridad, su obtención y utilización estarán apegados a los estándares constitucionales”
De acuerdo a la iniciativa, las empresas serán las encargadas de recabar y validar la información de identidad, datos biométricos y domicilio de los usuarios en un periodo de dos años.
La base de datos quedará en resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual contará con 180 días (6 meses) para elaborar los lineamientos de operación.
¿Esta reforma transgrede los derechos humanos?
La obligatoriedad de entregar los datos biométricos para usar una línea telefónica podrían generar varias consecuencias, entre ellas, que se agrande la brecha digital pues el usuario al no querer compartir información sensible cancelará su servicio. Por otro lado, se vulnera la presunción de inocencia ya que se establece que de cometerse un delito el usuario será sujeto de un proceso legal; así como restringir el derecho a la comunicación.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, sostiene que no hay pruebas que afirmen que los registros de las tarjetas SIM contribuyan a la reducción de delitos.
Aunado a ello, si las empresas no cuentan con sistemas de ciberseguridad apropiados se corre el grave riesgo de robo de identidad por criminales.
El padrón no es la solución. Cuando se afecta un derecho fundamental se afecta a todos, y en este caso se afecta el derecho a la comunicación porque si no accedes a dar tu información te suspenden la línea, y el derecho a la privacidad porque la autoridad puede intervenir las comunicaciones sin una orden. El usuario es el castigado, no los delincuentes”.
Jorge Bravo, presidente de Amedi
Ante este panorama senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar esta reforma. Se necesitarán 33 % de las firmas de senadores una vez publicada la ley en el Diario Oficial de la Federación por parte del poder ejecutivo.
De no hacerlo, se dará de baja al usuario o se le impondrá una multa
120 millones de usuarios de telefonía móvil ahora tendrán que proporcionar al gobierno y las empresas información como huellas dactilares, iris de ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma.
Esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión indica que de no realizar el registro, se negará el servicio o se dará de baja la línea. Inclusive podrás hacerte acreedor a una multa de 89 mil 692 pesos.
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Con información de El País, El Financiero, Excelsior, El Sol de México.
