Vacíos legales en México permiten que de 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres registrados en ocho años, sólo se juzgaron 781 casos como intento o tentativa de feminicidio, es decir el 0.04%. El resto son clasificados como lesiones dolosas o violencia familiar.
A pesar de recibir 37 puñaladas en todo su cuerpo, Jeysol venció a la muerte. Es una sobreviviente de feminicidio pero la justicia mexicana no la protegió. Una mala actuación de las autoridades al clasificar como lesiones un hecho de violencia extrema que debió ser tentativa de feminicidio, causó que pasara un calvario entre hospitales y audiencias durante seis años, pero sin obtener justicia ni tranquilidad todavía. Su agresor sigue libre.
Ella es es sólo una de las historias de los intentos de feminicidio que quedan desamparados por la justicia en México.
En los últimos ocho años, las fiscalías de todo el país abrieron 595 investigaciones diarias en promedio por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con armas blancas o de fuego contra mujeres, es decir, más de 1.7 millones en total. Sin embargo, en el mismo lapso de tiempo sólo se iniciaron 781 carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa.
De esas casi dos millones de investigaciones, se desconoce cuántos casos de extrema violencia que llegaron a juicio como lesiones o violencia familiar debieron ser clasificados como tentativa de feminicidio. Ya que especialistas consultados para esta investigación señalan que existen casos que debieron ser clasificados por este delito y no lo hicieron por falta de perspectiva de género en la administración de justicia.
Con la formulación de más de 1,200 solicitudes de acceso a la información a las fiscalías y tribunales de las 32 entidades del país, esta investigación, realizada en alianza con CONNECTAS, deja en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio para acceder a la justicia.
La noche de su cumpleaños fue su peor pesadilla. Era su festejo número 35, en abril de 2017, Yuliana quiso celebrarlo junto a sus amigas en un bar al centro de Xalapa, Veracruz. Fue así, hasta que su expareja la obligó a salir de la fiesta.
Empezó con reclamos e insultos, luego vinieron los golpes. Por más de cuatro horas, Yuliana recibió puñetazos, patadas y fue estrangulada hasta perder el conocimiento. “¿Tú sabes lo que se sentiría estar muerta?”, la amenazaba su expareja serpenteando una navaja sobre su cuello.
Ese día Yuliana estuvo a punto de ser asesinada; pero logró convencer a su agresor de parar el ataque y llegó a un hospital. Ella teme volver a ser agredida y ha cambiado de domicilio en más de dos ocasiones, incluso vendió su auto para no ser identificada.
Quiere que su caso sea clasificado como tentativa de feminicidio, ya que a Carlos, su expareja, también está acusado por presuntamente cometer un feminicidio en 2016. Yuliana siente que su vida está en riesgo.
Su caso forma parte del millón 712 mil 522 carpetas de investigación abiertas por ataques y agresiones violentas en contra de mujeres. Aunque ella sabe que su expareja la quería asesinar, aún no logra que el delito se clasifique como intento de feminicidio.
De ese total de casos por ataques y agresiones, las autoridades decidieron clasificar el 68% por el delito de violencia familiar, con la apertura de un millón 158 mil 166 carpetas de investigación y el 32% por lesiones dolosas es decir 553 mil 575 casos.
En tanto, menos del 0.05% fueron calificados como feminicidio en grado de tentativa. Es decir, en los últimos ocho años sólo 781 agresiones contra mujeres fueron juzgadas como intentos de feminicidio.
Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asegura que muchos casos de violencia extrema en contra de mujeres se atienden con el mínimo esfuerzo de las autoridades. “En muchas ocasiones se investiga y se judicializa con otras figuras, por ejemplo, violencia familiar, lesiones o tentativas de homicidio. Tiene que ver la falta de perspectiva de género y la falta de debida diligencia”, refiere.
La importancia de que los casos donde la víctima sufrió una tentativa de feminicidio sean clasificados como tal, radica en que pueden ameritar prisión preventiva oficiosa para el agresor. Esto a partir de la ampliación del catálogo en las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que incluyó el delito de feminicidio en febrero de 2021. Con esto, las sobrevivientes tendrían protección para evitar un segundo ataque.
La justicia aún está en deuda con las sobrevivientes. A pesar de la apertura de investigaciones por casos de violencia contra mujeres, no todos llegan a una sentencia condenatoria para los agresores. En ocho años sólo se han dictado 5 mil 901 sentencias condenatorias por violencia familiar en todo México; 6 mil 410 por lesiones dolosas y sólo 182 por tentativa de feminicidio.
Para las sobrevivientes, el acceso a la justicia y obtener una sanción para sus agresores es fundamental para retomar su vida y seguridad. Especialistas también afirman que se necesita una reparación integral del daño para las víctimas, ya que algunas mujeres persisten con afectaciones en su salud física y emocional que requieren de intervención especializada.
“Hay una serie de secuelas físicas, económicas, emocionales que le cambian totalmente el destino a las mujeres. No solamente tienen que salir de sus casas, sino que pierden su trabajo, la movilidad”, sostiene Ana Yeli Pérez.
Falta de claridad en las leyes, que no exista unificación en los conceptos jurídicos ni su correcta aplicación, forman vacíos legales que impiden que los casos de extrema violencia contra mujeres sean juzgados como un feminicidio en grado de tentativa.
La tentativa es una figura jurídica que se encuentra en todos los Códigos Penales para dar sanción a una conducta cuando se tuvo la intención de cometerla, la cual tiene como pena de uno a dos tercios de la sanción original.
Para identificar un caso de tentativa de feminicidio se debe cumplir con las circunstancias por razones de género que establecen el Código Penal Federal por el feminicidio: que la víctima haya sido incomunicada, que se presenten lesiones o mutilaciones, signos de violencia sexual, amenazas o agresiones previas, que entre la víctima y el victimario haya una relación de confianza, o que el cuerpo de la mujer se exponga en una vía pública.
Resulta complejo acreditar que el agresor tuvo la intención de asesinar a la víctima, pero cuando se demuestra que el victimario se detuvo por razones externas a él, como la intervención de un tercero, es posible demostrar la tentativa de feminicidio.
Las leyes en México no están armonizadas en cuanto a la tentativa de feminicidio, ya que sólo cuatro estados del país contemplan en un artículo, explícitamente, el “feminicidio en grado de tentativa”, es decir, la literalidad de ese delito. Se trata de Campeche, Durango, Nuevo León y Puebla, los cuales exponen textualmente las agravantes del castigo cuando se trata de agresiones por razones de género que no llegaron a la muerte.
Ante las autoridades legislativas se han presentado dos iniciativas para unificar el concepto de la tentativa de feminicidio, pero siguen congeladas y las sobrevivientes se mantienen en riesgo.
“Incluir el tipo penal como tal de la tentativa de feminicidio para algunos estados resulta ocioso, sin embargo nosotras creemos que es necesario dada la dificultad que para algunos estados y autoridades les entraña la calificación del delito”, asegura la activista Argentina Casanova, quien ha dado acompañamiento a casos de tentativa de feminicidio en la Ciudad de México y Campeche.
A pesar de que Campeche fue el primer estado en incorporar la literalidad de este delito en su Código Penal, el Fiscal General del estado, Juan Manuel Herrera Campos, asegura que no todos los casos de agresiones contra mujeres son una tentativa de feminicidio y que no tendría que existir la literalidad en las leyes locales.
“Yo considero que no (es necesario) porque es una cuestión técnica y el propio Código establece lo que es tentativa”, afirma, pero reconoce que es necesaria la capacitación de jueces y magistrados para litigar con perspectiva de género.
De igual forma, la abogada Ana Yeli Pérez, también directora de la Asociación Justicia Pro Persona, señala que sería reiterativo incluir la literalidad de la tentativa de feminicidio en las leyes de cada estado. “Me parece que más bien hay un desuso de la ley o de esta figura por la falta de capacidades”, dijo.
En tanto, para Karen Quiroga, secretaria de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática y una impulsora de la legislación en favor de unificar la tentativa de feminicidio a nivel nacional, subraya que la literalidad es necesaria para que las mujeres conozcan de qué manera ampararse ante una situación de violencia extrema.
“Las víctimas necesitan literalidad en la ley. Cuando las mujeres van a presentar una denuncia, cuando reciben el primer daño físico, cuando tienen la oportunidad de aún en vida ir a denunciar al agresor, hay veces que se permite el error de una conciliación”, dice Quiroga.
Mónica Hernández ahora puede dormir tranquila. El hombre que intentó asesinarla en diciembre de 2019 está en prisión, esperando un juicio en su contra por tentativa de feminicidio. Es afortunada pues su caso es de los pocos ataques de violencia extrema contra mujeres que llegan a la justicia clasificados como feminicidio en grado de tentativa.
Sin embargo, a pesar de vivir en lo alto de una montaña no se siente segura. “Creo que el miedo siempre existe de que él pueda salir. Te confieso, ando armada todo el tiempo, es lo que me da seguridad”, afirma.
La Fiscalía le asignó medidas de protección en su domicilio, pero ella las ve poco efectivas. “De repente llegó una patrulla, muy lindos, muy amables llegaron a mi casa nos tomamos un café, me dijeron estamos a sus órdenes pero yo estoy aquí a medio bosque. Ellos se fueron y no volvieron. Nunca me sentí segura”, afirma.
Tiene temor de vivir una nueva agresión a pesar de que su vivienda se encuentra en la aislada comunidad El Zapotal en Veracruz, a 25 kilómetros de la capital, donde se llega sólo en auto y casi no hay patrullas.
Al igual que ella, otras 107 mil 74 mujeres cuentan con órdenes de protección por casos de violencia, de acuerdo con cifras del Banco de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) de la Secretaría de Gobernación.
En Jalisco, el estado con más desapariciones en México, es donde más medidas de protección se han asignado a mujeres con 53 mil 320 órdenes que deben ser ejecutadas por policías municipales. Seguido de Quintana Roo con 8 mil 812 y Zacatecas con 5 mil 457.
En contraste, Tamaulipas sólo reporta que da protección a dos mujeres, de acuerdo con la misma base de datos. En el listado de menos órdenes asignadas está Durango con 16, Aguascalientes con 20 y el Estado de México sólo asignó 55 medidas de protección, a pesar de ser una de las regiones más peligrosas para ser mujer, donde incluso se han emitido dos Alertas de Violencia de Género por el alto número de feminicidios y desapariciones.
Sin embargo, el Estado mexicano ha fallado en proteger a las víctimas. Para esta investigación se solicitó a todas las fiscalías del país información sobre los casos de feminicidio que ocurrieron a pesar de que las mujeres contaran con una orden de protección. En los últimos cuatro años, las fiscalías registraron 23 feminicidios, donde las mujeres fallecieron a pesar de estar al cuidado de las autoridades.
En Jalisco se detectaron seis feminicidios a pesar de que las mujeres tenían medidas de protección, seguido de Sinaloa con cuatro y Coahuila con tres. Los demás estados Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí y Nuevo León tuvieron dos casos respectivamente, mientras que Chihuahua y Sonora tuvieron una víctima cada uno, que la justicia estatal no pudo defender.
Estas mujeres eran protegidas por las agrupaciones policiales de cada estado, tras denunciar agresiones principalmente cometidas por sus ex parejas, por los delitos de violencia familiar, feminicidio en grado de tentativa, lesiones dolosas y amenazas, pero aún así fueron asesinadas.
Para este reportaje se consultó a las autoridades de los estados para conocer sobre la efectividad y cumplimiento de las órdenes de protección de mujeres; sin embargo hasta la publicación de esta investigación no se ha obtenido respuesta.
Las sobrevivientes viven en un riesgo constante, algunas no dejan de huir de sus agresores ya que las autoridades se niegan a velar por su seguridad. “Te das cuenta que no sólo tienes que pelear contra el agresor sino que tienes que enfrentarte también contra un sistema que no funciona para atender a las víctimas”, afirma Mónica Hernández Abascal, sobreviviente de feminicidio quien se niega a convertirse en una de las mujeres asesinadas diariamente en México.
* Una investigación realizada por Gloria Piña para Proceso, Animal Político, Emeequis, La Lista, Ruido en la Red y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
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