Según las cifras del Inegi, en México solamente se denuncian el 5% de las extorsiones. Este delito está vinculado a las bandas del crimen organizado y tiene una tasa de impunidad muy alta.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021 hubo 4.9 millones de extorsiones, de los cuales, únicamente se denunciaron 246 mil casos: solo el 5% del total, debido principalmente a la desconfianza y el miedo de los ciudadanos: “cuando existe denuncia, toda la carga del proceso penal está sobre la víctima quien se encuentra bajo amenaza”, señala el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC)
Ante esta cifra negra, el ONC explica que la extorsión es un delito vinculado a las bandas de crimen organizado y tiene una tasa de impunidad sumamente alta. Ante ello, la organización señala que las autoridades deben ganarse la confianza de las víctimas y además debe existir mayor proactividad en la respuesta, ya que muchas extorsiones están vinculadas con homicidios y otros delitos.
“La extorsión se ha vuelto un delito tan ubicuo y complejo que tratar de clasificarlo a partir de su medio comisivo no abona al diseño e implementación de políticas públicas. Florece allí donde hay oportunidad pues los riesgos son mínimos y los beneficios, ilimitados”.
Según los datos del ONC, los más afectados por la extorsión en México son los negocios pequeños y medianos, como tienditas, peluquerías y tortillerías. A ello se agrega que la extorsión ha “evolucionado”, por lo que han incrementado actos delictivos como las sextorsiones o el secuestro de datos (ransomware).
En su estudio titulado “Extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades, pocas políticas públicas”, la organización critica que, aunado a la baja denuncia del delito, las instituciones han apostado solamente a medidas policiacas y se han visto rebasadas: “el atraso normativo, la baja denuncia y las capacidades institucionales rebasadas constituyen la fórmula perfecta para la impunidad“.
“No existe una única estrategia antiextorsión que funcione para todas las modalidades y contextos. Los instrumentos de medición y acervos públicos de información sobre extorsión resultan insuficientes para caracterizar aspectos clave como la relación entre víctimas y victimarios, los daños materiales e inmateriales, delitos conexos o relacionados, guiones criminales, entre otros. Las diversas manifestaciones de la extorsión dan cuenta de un problema creciente y dinámico con consecuencias severas en la seguridad humana”.
El ONC recomienda perfeccionar el tipo penal de extorsión y establecerlo en cada estado, así como en el Código Penal Federal, para “crear una ley general en materia de extorsión que sirva como marco básico para investigar este delito y señalar criterios básicos de atención y reparación”. Además, indica que es necesario “establecer un protocolo de actuación en materia de extorsión, fundamentado en esa ley general para establecer lineamientos y criterios básicos para atender la diversidad de expresiones delictivas relacionadas con este delito”.
Con información de La Prensa
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