Intromisión del crimen organizado en las elecciones de México: una alerta de los magistrados
En el marco político de México, una problemática creciente y alarmante se cierne sobre el proceso democrático: la influencia y potencial control del crimen organizado en las elecciones. Este fenómeno, que podría llegar a afectar incluso la Presidencia de la República, ha sido enfáticamente señalado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes advierten sobre la necesidad imperativa de reconocer y confrontar esta amenaza antes de que sus efectos se tornen irreversibles.
Durante un foro organizado por el periódico El Universal, encuentro que contó con la presencia de la presidenta Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, se reafirmó la independencia y autonomía del tribunal, desmintiendo cualquier tipo de subordinación a fuerzas políticas. Este evento sirvió de plataforma para discutir, entre otros temas, el papel del TEPJF frente a la posible influencia del crimen organizado en los futuros comicios.
El magistrado De la Mata expuso, con una claridad meridiana, que el crimen organizado no es un actor nuevo en el escenario electoral, pero su influencia en las elecciones es una realidad innegable que no puede seguir siendo ignorada. Historias de “terror”, relacionadas con las repercusiones de estas actividades criminales en los tribunales y consejos electorales, pueblan el panorama nacional, aunque rara vez se discuten abiertamente.
Reconociendo el problema
La necesidad de abordar frontalmente el problema del crimen organizado es urgente. No hacerlo podría llevar, en un futuro no muy lejano, a la elección de figuras vinculadas con estas redes criminales a los más altos cargos de gobierno. La propuesta de los magistrados incluye una mayor transparencia y el reconocimiento público del problema, así como la implementación de estrategias que eviten que estos grupos ejerzan presión o control sobre el proceso electoral.
Una de las estrategias sugeridas para mitigar la influencia del crimen organizado es la innovación en los métodos de votación, tales como el voto anticipado por internet o correo, y las urnas electrónicas, junto con la mejora en las medidas de seguridad en los lugares de votación. La experiencia de países como India, con un electorado de 950 millones de personas que vota a través de internet sin que se cuestione la legitimidad de los resultados, sirve de ejemplo para romper con los paradigmas tradicionales y adoptar tecnologías que aseguren elecciones libres y justas.
Protección para candidatos y electores
Otro aspecto crucial abordado por los magistrados es la necesidad de establecer fórmulas efectivas para la protección de los candidatos y sus familias, quienes a menudo son blanco de amenazas por parte del crimen organizado. La creación de entornos seguros para el desarrollo de la campaña electoral y la votación misma es fundamental para garantizar la integridad del proceso democrático.
La magistrada presidenta Mónica Soto subrayó que la solución a este problema no debe recaer exclusivamente en las autoridades electorales. La colaboración entre las diferentes instancias del Estado es vital para prevenir actos de violencia y asegurar que los organismos electorales, como el INE y los OPLEs, puedan realizar su trabajo sin interferencias.
El magistrado Fuentes Barrera, por su parte, reconoció la presencia palpable del crimen organizado en el escenario político, aunque prefirió no especular sobre el impacto que esto podría tener en el próximo proceso electoral. Sin embargo, recordó situaciones pasadas en estados como Michoacán y Tamaulipas, donde la violencia y la intimidación por parte de estos grupos ya han afectado las elecciones.
Hacia una elección libre de influencias externas
Los magistrados insisten en la importancia de una evaluación rigurosa de las elecciones por parte del tribunal. Si se detecta que una elección no cumple con los estándares de un proceso democrático, la calificación será negativamente afectada. Este enfoque subraya la responsabilidad del TEPJF en garantizar la legitimidad y la equidad del proceso electoral.
El llamado de los magistrados del TEPJF a reconocer y actuar frente a la influencia del crimen organizado en las elecciones es un recordatorio de los desafíos que enfrenta México en su camino hacia una democracia plena y funcional. La colaboración entre todas las instancias del Estado, la innovación en los procesos electorales y la protección de los participantes son esenciales para asegurar que las elecciones reflejen la voluntad del pueblo, libre de presiones y amenazas externas.
