La iniciativa que reforma la Ley de Instituciones de Crédito fue turnada al poder Ejecutivo para su promulgación.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito en su Título Quinto, mediante la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no tendrá la obligación de notificar a personas físicas o morales cuando les bloquee cuentas al detectar indicios de financiamiento al terrorismo o lavado.
Con 266 votos a favor de Morena-PT-PVEM y 219 en contra de la oposición, fue turnada para su promulgación al Ejecutivo federal.
La única diputada de Morena en contra del dictamen fue Lidia García Anaya, quien presentó una reserva, misma que fue rechazada, en donde manifestaba que la propuesta en discusión no es en contra de la delincuencia organizada, sino contra las personas físicas y morales.
“Es en contra de personas físicas y morales con nombre y apellidos que han visto vulnerando sus derechos y la legalidad en la que vivimos”.
Lidia García Anaya, diputada por Morena.
Así mismo, José Yunes Zorrilla, diputado por el PRI, sostuvo que la iniciativa aprobada afecta los principios constitucionales de seguridad jurídica y garantía de audiencia ya que ningún ciudadano puede ser privado de sus derechos sin un juicio en tribunales. Por lo tanto, la reforma representa un riesgo para que desde el Estado se persiga, lastime o transgreda.
Marcelino Castañeda, diputado del PRD, aseguró que la modificación está destinada a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se vulneran los derechos humanos y garantías de las personas y expresó que se hizo contra los opositores de esta administración para ser investigados.
“¡Qué manera de legislar! Gran parte de estas iniciativas por parte de la mayoría son fundamentales, preferentes o estratégicas, estas terminan siendo malas reformas aprobadas al vapor, aprobadas por consigna”.
A favor del dictamen, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, sostuvo que se respeta el derecho de audiencia a las personas que se encuentran en las listas y con ello se brinda certeza jurídica a los usuarios de servicios financieros y aseguró que la propuesta fortalece el marco jurídico en la lucha.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció a la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen e indicó que de esta forma se introducen elementos para garantizar los derechos de quienes son incluidos en la lista de personas bloqueadas dentro del sistema financiero.
“Asimismo, al brindar una mayor seguridad jurídica en los procedimientos administrativos de la inteligencia financiera, dará más certeza dentro del sistema mexicano de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Aclaró que no supone ninguna nueva atribución de la UIF, la cual mantendrá las funciones conferidas en la materia a la SHCP.
Con información de Excelsior.
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