En el marco del proceso electoral 2023-2024, México ha registrado una alarmante escalada de violencia política, con 749 víctimas y 231 asesinatos según Integralia Consultores, entre ellos candidatos y aspirantes a puestos de elección popular, familiares, miembros de los equipos de campaña y militantes o simpatizantes de algún partido o candidato. Esta ola de agresiones ha alcanzado a 316 aspirantes y candidatos, incluyendo 34 asesinatos, subrayando un preocupante deterioro de la seguridad política en el país. De mantenerse la tendencia (2.8 víctimas diarias), la cifra podría rebasar las 760 víctimas de violencia política al concluir el proceso electora, este domingo 2 de juinio.
Un día después de la publicación del reporte de Integralia, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó oficialmente 22 asesinatos de candidatos, contradiciendo los números proporcionados por la consultora. La Secretaría reconoce ocho homicidios de candidatos registrados oficialmente y 10 asesinatos de aspirantes no registrados como candidatos.
Sin embargo, según el reporte de Integralia, sólo el 1 de mayo, se registraron 29 asesinatos de personas aspirantes o candidatas, con un desglose de víctimas por partido que muestra una concentración de violencia en ciertos estados y partidos políticos. Chiapas, Guerrero y Michoacán son las entidades con más políticos asesinados durante este proceso electoral.
Las discrepancias en las cifras reflejan una posible subestimación por parte del gobierno de la magnitud de la violencia política. Este desacuerdo no solo plantea preocupaciones sobre la transparencia gubernamental sino que también pone en duda la eficacia de las medidas de protección para los candidatos en un contexto electoral altamente volátil.
No obstante, de acuerdo con el reporte de la consultora Integralia, la cantidad de víctimas de agresiones ha aumentado un 150.5% en comparación con el proceso electoral 2020-2021, resaltando una preocupante tendencia de creciente inestabilidad y violencia. Las entidades más afectadas por este fenómeno son Puebla, Chiapas y Guerrero, con un número alarmantemente alto de incidentes.
El crimen organizado ha tenido una influencia significativa en este ciclo electoral, participando activamente en actos de violencia política. Estas actividades no solo amenazan la integridad del proceso electoral sino que también podrían influir en los resultados a través de la movilización o inhibición del voto.
Integralia destaca que, de mantenerse el ritmo actual de agresiones, se superarán las 760 víctimas de violencia política y otros delitos de alto impacto después de las elecciones. Esto subraya la necesidad urgente de estrategias efectivas para combatir la violencia y asegurar la seguridad de los participantes en el proceso electoral.
Las estadísticas señalan que, si se considera el tipo de agresión, la mayoría fueron amenazas (181), seguido por atentados (54) y asesinato (34), aunque hay otras 47 de diferente tipo. Del total de víctimas de ese tipo de ataques, 239 fueron del ámbito municipal, 31 del federal, 25 estatal y 24 no se identifica. El partido con mayor número de militantes víctimas de este tipo de agresiones es Morena, con 61, seguido por PRI, con 58; PAN, 43; MC, 30; PVEM, 20 y PT, 13.
La recopilación de episodios de violencia destaca una serie de agresiones recientes que han impactado directamente a la política local. Desde intentos de secuestro hasta asesinatos, estos eventos han marcado el clima de terror que rodea las elecciones.
Este listado, realizado por el periódico El Economista resume algunos de los ataques más significativos que han impactado el ambiente político mexicano durante el actual proceso electoral:
Estos hechos reflejan la grave situación de violencia que enfrentan los actores políticos en México, especialmente durante los periodos electorales, poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad del proceso democrático.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la situación de inseguridad previa a las elecciones. La misión observadora de la OEA, liderada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, ha enfocado su atención en la violencia y las tensiones que esto genera.
El gobierno mexicano ha desplegado medidas de seguridad significativas, con más de 27,000 miembros de las Fuerzas Armadas activados para asegurar el proceso electoral. Sin embargo, las cifras de asesinatos políticos reconocidas oficialmente son menores a las reportadas por entidades independientes, lo que suscita dudas sobre la eficacia de las estrategias de protección actuales.
Estas medidas buscan no solo proteger a los candidatos sino también asegurar la participación ciudadana en las elecciones, frente a un contexto de miedo y violencia que podría desincentivar la asistencia a las urnas. La presencia de observadores internacionales y la atención mundial están puestas en México, en un momento crucial para su democracia.
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