AMLO y los responsables legales de las decisiones

Enrique Cárdenas

Por más que lo parezca, el gobierno mexicano no es unipersonal. Sí, AMLO parece que manda solo, que él decide todo y que rara vez escucha a alguien. Sí, así parece y seguramente es cierto. Pero el gobierno lo conforman, constitucionalmente, muchas más personas. En primera línea, existe un grupo de individuos que trabaja alrededor del presidente en sus funciones de gobierno y que son sus responsables directos: los secretarios de Estado. Todos ellos son los responsables de las acciones de gobierno y deben rendir cuentas al Congreso de la Unión. Así lo establece nuestra Constitución: “Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos” (Artículo 92, y en el 93 se establece la rendición de cuentas). Así de claro. Por eso es que el presidente los nombra y destituye libremente, salvo aquellos que específicamente deben ser ratificados por el Senado (art. 89, fracción II). Las decisiones que toma el gobierno de la República, el gobierno de AMLO, son responsabilidad del Presidente y de los secretarios de estado.

El tan anunciado “informe” presidencial del domingo pasado, en el que se esperaba un plan para enfrentar la crisis y un reporte fidedigno del avance de la pandemia, fue al menos decepcionante, y sin duda insuficiente y pobre. A pesar de las muy variadas voces de personajes de la vida pública, intelectuales y especialistas de nuestro país que conminaron al presidente a que tomara una serie de medidas económicas, que verdaderamente sirvieran para contrarrestar al menos parcialmente la depresión que se viene, AMLO y los secretarios de Hacienda, de Economía, de la Función Pública, del Trabajo y Previsión Social y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, decidieron no hacerles caso. El gobierno decidió no tomar en serio los problemas económicos que ya viven millones de personas y cientos de miles de micro y medianos empresarios por la falta de clientes, por la falta de ventas. El gobierno decidió que no habría apoyos significativos para salvar empleos, para salvar empresas, para salvar nuestra estructura productiva. Pareciera que ni AMLO ni sus secretarios entienden que cada empresa de diez trabajadores que cierra, estos se quedan sin empleo; buscarán dónde trabajar y encontrarán puertas selladas de tantas otras empresas también cerradas. Así, esas 10 familias, y miles más, quedarán en la pobreza.

Al decidir no confrontar la crisis económica con medidas estratégicas y poderosas, y al seguir una cuestionada política sanitaria para enfrentar la pandemia, el gobierno (los secretarios correspondientes y AMLO) son los responsables de lo que inicialmente no lo era en su totalidad, que es la epidemia misma y sus consecuencias. El gobierno de AMLO, y no solamente AMLO, piensa que la pandemia se curará sola y que el 80% de los casos no tendrá consecuencias; que no hace falta hacer miles de pruebas porque el tratamiento es el mismo tenga o no el covid-19; que aún no era necesario establecer el Consejo Nacional de Salubridad aunque provocara acciones descoordinadas en el país; que casi no hay muertes por el coronavirus porque muchos otros se suponen fallecimientos por neumonía atípica; que sí hay insumos suficientes en los hospitales para proteger a médicos, enfermeras y personal médico de contagios, pero ya las universidades han retirado a sus internos de los hospitales por falta de protección. Todo eso lo ha decidido el secretario de Salud y el subsecretario López Gatell, no solamente AMLO, y por lo tanto serán responsables de las muertes que pudieron ser evitadas.

El gobierno también ha decidido que la pandemia será transitoria y que no tendrá un efecto económico devastador. Por tanto, el gobierno de AMLO (con sus secretarios), y no solamente AMLO, ha decidido que la epidemia no amerita acciones fiscales, de gasto público y de apoyo generalizado como las que han tomado muchos otros países. El gobierno de AMLO ha decidido no utilizar la fuerza del Estado para confrontar una recesión mundial que está encima. Ha tomado la decisión de no edificar las bases mínimas para que, una vez pasada la emergencia sanitaria, pueda restablecerse la actividad económica que brinde prosperidad a los mexicanos. El gobierno está asumiendo la responsabilidad de NO HACER lo necesario para evitar que la crisis sea mucho menos dañina. El aumento de la pobreza de millones de personas y la destrucción de la clase media será, en mucho, su responsabilidad.

Quienes han tomado las decisiones sanitarias y económicas deben haber estado de acuerdo con ellas, no sólo AMLO. De lo contrario, los funcionarios correspondientes habrían renunciado. Cargar con la responsabilidad de miles de muertos y de millones de empleos perdidos y gente abandonada a la pobreza no puede ser forzada por nadie. Y nadie en su sano juicio acepta una responsabilidad de tal magnitud sin estar de acuerdo en la política de la cual son responsables.

Así, quienes han tomado la decisión sobre el contenido del informe presidencial del 5 de abril programa de reactivación económica presentado por el presidente son, además de Andrés Manuel López Obrador, los secretarios Arturo Herrera, Graciela Márquez, Irma Eréndira Sandoval, Luisa María Alcalde, así como Alfonso Romo. Lo mismo es cierto para el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del ISSSTE, Florentino Castro. Si no fuera así, si sólo AMLO lo hubiera decidido, los funcionarios habrían renunciado. No lo hicieron, por tanto respaldan las medidas, y siguen en su puesto. AMLO, aunque lo parezca, no puede mandar solo, sus decretos y acuerdos requieren el aval de sus secretarios, quienes incluso pueden ser llamados por el Congreso a rendir cuentas al respecto. Cada Secretario, de no estar de acuerdo con el decreto, es libre de renunciar. Al no hacerlo, ellos son igualmente responsables.