Bartlett Jr: pandemia y la ‘ganancia sustancial’

Salvador Camarena

Es relevante detenerse unos minutos en la única entrevista que ha dado León Manuel Bartlett Álvarez luego de haber sido exhibido, en medio de esta pandemia, como el vendedor de los ventiladores más caros de cuantos había comprado el gobierno federal hasta el 1 de mayo pasado. (https://contralacorrupcion.mx/hijo-bartlett-ventilador-covid-19/)

Tras una primera respuesta en la red social Twitter, donde Bartlett Álvarez quiso escurrir el bulto diciendo que la Ciudad de México adquirió ventiladores más caros que los que él vendió al IMSS-Hidalgo, cosa que ya desmintió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (https://www.proceso.com.mx/628352/sheinbaum-responde-al-hijo-de-bartlett/amp?__twitter_impression=true), el hijo del director de la CFE le dio una entrevista a Azucena Uresti.

La frase más reveladora de la entrevista, acaso la frase clave, es una que no sabemos si es cierta. (https://www.milenio.com/politica/coronavirus-manuel-bartlett-niega-venta-ventiladores-sobrecosto)

A cuánto asciende la ganancia, preguntó con tino la periodista de grupo Milenio. “La verdad que nuestra ganancia no es sustancial”, dijo el empresario, que al final no contestó cuánto pagó por los 21 ventiladores por los que, a su vez, cobró 31 millones de pesos al Seguro Social.

Negó, eso sí, que haya vendido a sobreprecio: “No hubo sobreprecio, se surtió a los mejores precios”. Señaló que nunca haría tal cosa en medio de “la emergencia, con las muertes, no lo haríamos, somos una empresa responsable, somos personas morales, llevamos mucha trayectoria en esto, pensamos durar muchos años más. No vamos a cobrar sobreprecios nunca”.

El punto es que no quiso decir a cuánto compró esos aparatos. Lo que sí dijo, y no es cosa menor, es que él ya tenía esos aparatos. La periodista le preguntó si el fabricante pudo haber vendido directo al gobierno, Bartlett Álvarez explicó que el problema es que –como todo mundo sabe– no hay equipos: “estos ventiladores los teníamos nosotros y por eso pudimos surtirlos”.

Partamos de una premisa clara. León Manuel Bartlett es empresario, no filántropo. Pedirle que no haga negocios es un sinsentido. El problema es que con sus evasivas hace crecer aún más el cuestionamiento central exhibido por los periodistas Laura Sánchez y Raúl Olmos: hasta la fecha del reportaje, sus ventiladores –de marca nacional– eran los más caros de cuantos había comprado el gobierno federal, donde su padre es alto funcionario. Y lo que no se sabe es, ¿por qué al gobierno esos aparatos le resultaron tan caros?

Azucena le dio oportunidad de despejar esa duda, incluso antes de que su caso sea investigado por la Función Pública, como ya ha anunciado esa dependencia.

La conductora le puso el balón. Díganos cuánto ganó, ese fue el meollo de la pregunta en la entrevista televisiva, y que sea la gente la que juzgue si el comportamiento de León Manuel fue moral o no en medio de la pandemia. Él se negó a dar ese dato elemental.

Qué exactamente quiere decir Bartlett Álvarez cuando afirma que él ya tenía esos ventiladores.

Hipótesis 1. Como alguien que vende equipo médico, los tenía desde antes de la pandemia, es decir previo a que tales instrumentos se volvieran un bien preciado en el mercado mundial con lo que, obviamente, aumentaron de precio. Entonces, no los habría pagado tan caros.

Hipótesis 2. Los compró en una etapa inicial de la pandemia. Enero o febrero, digamos. Seguro entonces el precio para él, un intermediario, ya era también más elevado. Y ahí su ganancia por cada ventilador, así los haya vendido a 1 millón 550 mil pesos cada uno, en efecto, sería menor.

“Nosotros llegamos a esto con una trayectoria intachable”, dice León Manuel en la charla con Milenio TV.

El tema es que la polémica por esa revelación periodística ya va para una semana y como el empresario se niegue a informar qué considera él exactamente una “ganancia sustancial” queda en firme que, hasta la semana pasada, León Manuel Bartlett Álvarez vendió al gobierno de López Obrador los ventiladores más caros. Y él le niega al público la información que permitiría a la ciudadanía sacar sus propias conclusiones sobre si fue, o no, una venta con o sin sobreprecio.