El silencio de Luisa María Alcalde sobre el aguinaldo

Enrique Rodríguez

Las palabras utilizadas por Andrés Manuel López Obrador no dejan lugar a dudas sobre la medida que se dijo fue producto de una consulta, aunque todavía no sabemos con quiénes y cuándo. “Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de Presidente de la República”, dicho así, el mensaje provocó preocupaciones adicionales en miles de burócratas.

Alguien debió decirle que el aguinaldo es un derecho adquirido de los trabajadores y su naturaleza lo hace irrenunciable, si se pretendiera reformar la ley laboral para eliminarlo, la maniobra sería claramente inconstitucional. El apartado B del artículo 123 de la Carta Magna establece en su fracción IV “Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos”. Es decir, los recursos destinados a este pago ya fueron aprobados por el Congreso para el ejercicio 2020. El artículo 127 constitucional, fracción primera es claro sobre el tema: “Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo el aguinaldo”.

Algunos funcionarios trataron sin éxito de matizar la bomba lanzada por AMLO para decir que sería un acto voluntario de solidaridad ante la contingencia que atraviesa el país, sin embargo la expresión fue inequívoca al decirse ese domingo en Palacio Nacional “eliminarán”. 

Quien guardó silencio sobre el tema fue Luisa María Alcalde, la joven secretaria del Trabajo no se ha pronunciado sobre un tema altamente sensible. Una integrante más del gabinete que no se atreve a decirle a su jefe que se equivoca, en este caso al pretender violentar los derechos de los burócratas transgrediendo la protección que les otorga la Constitución.     

Alcalde Luján dice con razón que no existe fundamento legal para despedir o dejar de pagar el salario de los trabajadores de las empresas durante la emergencia sanitaria y económica, sin embargo olvida mencionar que tampoco hay fundamento jurídico para sustentar el atropello de eliminar aguinaldos.  Los empleados federales que quieran defender su retribución de fin de año tienen a su alcance la vía del amparo ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Seremos testigos en los próximos meses de una cascada de juicios para defender este derecho, los jueces federales tendrán claridad para echar abajo la decisión del Presidente con la Constitución en la mano.