El trabajo informal se ha convertido en una válvula de escape durante la pandemia, y no es para menos, en nuestro país las tasas de desempleo formal van en aumento y los apoyos han sido insuficientes debido a que el Covid-19 arrasó con la economía nacional y mundial.
Sin embargo, no podemos decir que la informalidad sea sinónimo de recuperación económica al interior de las familias, ya que todo es incertidumbre en este momento.
La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), elaborada por el INEGI, aplicada durante el mes de mayo, destacó que 1.9 millones de mexicanos se sumaron a la informalidad, es decir sin contar con un contrato laboral y prestaciones como servicios de salud, de ahorro y de vivienda. Sin oportunidades.
Esto quiere decir que quienes laboran en la informalidad pasaron de 20.7 millones de personas en el mes de abril a 22.6 millones en mayo, lo cual es preocupante.
La emergencia sanitaria continúa y la reactivación económica va muy lenta. Yo creo que una medida como la antes expuesta representaría un apoyo para las familias en situación de alta vulnerabilidad y sin ingresos, para quienes han perdido un ser querido víctima del coronavirus, y que muchas veces, era la jefa o jefe de familia.
Estamos hablando de un apoyo para solventar las necesidades más básicas de miles de familias mexicanas, de manera temporal y por la situación de emergencia que vivimos. De una forma de tener recursos mínimos, más allá de los programas sociales, que permitirían por lo menos atender lo más inmediato.
México es un país de desigualdades, con niveles de pobreza y con empleos, generalmente, mal pagados, salvo algunas excepciones. Y la situación se ha complicado con la pandemia, sobre todo por el aumento del desempleo. Esta situación no es exclusiva de nuestro país, sino en todo el mundo.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de las Características de la Población durante la Pandemia Covid-19 (ENSARS_CoV-2), seis de cada 10 entrevistados vio disminuidos sus ingresos a partir del confinamiento y una tercera parte declaró que algún miembro de su familia perdió su empleo.
Esta encuesta, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se aplicó vía telefónica, entre el 11 y 30 de mayo de este año. Quienes participaron destaca que uno de cada tres de los encuestados tuvo experiencias de inseguridad alimentaria, principalmente por falta de recursos a partir del confinamiento.
Apoyar a quienes lo más necesitan en estos momentos no solo es una acción necesaria, es una medida que traería tranquilidad a las personas, sobre todo cuando todavía no hay fecha para que concluya esta pandemia que ha provocado tanto dolor, enfermedad e inestabilidad para todos.
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