Quizás una de las notas distintivas de este gobierno ha sido su desapego al Derecho. Son muchas las declaraciones, instrucciones y hasta iniciativas de ley del titular del Poder Ejecutivo con vicios de ilegalidad y su justificación parece residir en la convicción del Presidente de que ante un conflicto entre la ley y la justicia, habría que optar por la justicia, y en que la instauración de la transformación radical que le propone al pueblo de México no puede ser obstaculizada por el armazón normativo, aunque el presidente haya jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Los casos se multiplican: las reformas legales que permitieron que Margarita Ríos-Farjat dirigiera al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Paco Ignacio Taibo el Fondo de Cultura Económica (FCE), pues no cumplían con los requisitos exigidos por las leyes, el memorándum que dirigió a los titulares de Gobernación, Hacienda y Educación en el que les ordenaba incumplir la reforma educativa prescrita por la Constitución; están también las encuestas sin el más elemental rigor estadístico y legal que han servido para “justificar” la cancelación de proyectos…
Lo más reciente fue el decreto publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que impuso una reducción drástica al gasto público: “de forma voluntaria —dice el texto— se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta 25 por ciento de manera progresiva. […] De la misma forma, los altos funcionarios (de subdirector hasta el presidente) no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año”. Un decreto inconstitucional porque, como establece el artículo 123, “los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos”.
Para darle sustento a este acuerdo, la misma noche de su expedición el presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal del Presupuesto Público y Responsabilidad Hacendaria que, de aprobarse, facultaría al presidente a reasignar hasta el 10 por ciento del presupuesto, unos 611 mil millones de pesos.
Es cierto que el país enfrenta condiciones de excepción como la caída abrupta en los precios del petróleo o los efectos devastadores de la pandemia. Sin embargo, la ley vigente, en su artículo 17, ya otorga atribuciones que le permiten al Ejecutivo responder ante una situación excepcional.
Varias cuestiones resaltan en la iniciativa, entre ellas, pretender que sea el propio titular del Ejecutivo quien defina cuándo estamos ante una emergencia económica y, más importante, la expropiación a la Cámara de Diputados de una de sus atribuciones esenciales: la aprobación, revisión y reconducción del presupuesto.
La propuesta presidencial no se encamina a atender los brutales impactos de la emergencia: el cierre de cientos de miles de micro, pequeñas y medianas empresas o la pérdida de millones de empleos, su propósito es blindar sus prioridades y como no le alcanza con la transferencia de recursos de unas partidas a otras, ni con la supresión de organismos, ni con los recortes draconianos, la reforma le daría sustento a un manejo discrecional de lo que sea necesario para garantizar la persistencia de sus programas y acciones prioritarias, es decir, sus programas sociales, Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía o lo que se le ocurra.
El freno temporal a la discusión de la iniciativa, resultado de la decisión del PAN, PRI, PRD y MC de cerrar filas para impedir que se convocara a un periodo extraordinario muestra que, aunque angostos, aún hay márgenes para contener o posponer reformas que acentúen los excesivos poderes del presidente. Pero el tema no está resuelto, en un periodo de sesiones ordinarias regresará a la agenda y allí, si no ocurre algo venturoso, la mayoría de Morena y sus aliados se impondrá.
Habría que recordarle al presidente esa frase que suele repetir: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.”
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