2020: un año crucial en la relación migratoria entre México y Estados Unidos

Autor: Laura Díaz de León

En varios sentidos 2019 ha sido uno de los años más críticos en materia migratoria para México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó, en diciembre de 2018, la imposición de los Migration Protection Protocols (MPP) o Remain in Mexico Policy (Quédate en México) por parte del gobierno de Donald Trump, lo cual ha provocado que en diversos puntos de la frontera norte haya más de 21 mil personas esperando a que se resuelvan sus solicitudes para que el gobierno estadounidense les otorgue asilo.

Cabe hacer notar que una de cada dos personas en espera de asilo es mexicana, lo que se explica debido a que la política migratoria nacional se ha endurecido y hoy funciona como un muro de contención a la migración que proviene del lado sur del río Suchiate.

De hecho, al cierre de octubre de 2019 se habían registrado 111,073 deportaciones. Esta política de criminalización de las personas migrantes las obliga a tomar rutas alternas que resultan más peligrosas y agudizan aún más las violaciones a sus derechos en manos de autoridades y vejaciones por parte del crimen organizado y delincuencia común.

Adicionalmente, el crimen organizado ha resultado beneficiado por estas políticas: han subido sus tarifas y cuotas para el tráfico y tránsito de personas para cruzar por algunas zonas, como en el desierto del Sasabe en Sonora. 

El Anuario de Migración y Remesas México 2019 señala que el pago promedio a los “polleros” o “coyotes”, como se les llama a los traficantes de personas, ha aumentado 70% desde 2009 a 2017, al pasar de 30 mil a 87 mil pesos, en el caso de las personas migrantes mexicanas. En cambio, las personas centroamericanas pagan hasta 11,500 dólares, considerando el costo de cruzar por México y posteriormente la frontera de México con EU. Cabe destacar que de las personas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, el 65% pagó a un pollero para cruzar por México y el 75% pagó por cruzar la frontera México-EU en el año 2017.

Muy a pesar de las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, para el 50% de personas devueltas a México que quedan en espera de la resolución de sus solicitudes de asilo que son clasificadas como migración “no mexicana”, nuestro país se ha convertido, de facto, en un “tercer país seguro”. Sin embargo, la situación se ha venido agravando significativamente dado que los albergues en los que se encuentran estas personas están alcanzando el tope de su capacidad. Un buen ejemplo lo constituye el albergue de Tijuana que, hoy día, se encuentra al 70% de su aforo. A ello hay que añadir que, en promedio, la espera para resolver una solicitud de asilo dura alrededor de tres meses y que, una vez transcurrido ese tiempo, la probabilidad de obtenerlo es prácticamente nula. Para nuestros  connacionales volver a sus estados resulta incosteable y, en muchas ocasiones implica, como para los “no nacionales”, volver a la situación de riesgo de la cual buscaban escapar. 

Es innegable que los Estados tienen el derecho de controlar sus fronteras y decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales, pero esta prerrogativa siempre deberá estar sujeta a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estas obligaciones incluyen, entre otras, el principio de no devolución, —es decir, la garantía de que las personas no serán devueltas al peligro del que huyen—, el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes, y medidas para asegurar que se respete su dignidad, su integridad y los derechos sociales básicos en el país de acogida. 

El prinicipio de no devolución es un principio fundamental del derecho de los refugiados, en virtud del cual ningún Estado podrá, por devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad corra peligro. El principio de no devolución es vinculante, es decir, obligatorio para todos los Estados sean o no partes en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. A su vez, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes contiene una disposición expresa en este sentido, en la que establece que: “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.  Es decir, está prohibida la devolución de los no nacionales a un país donde existen motivos fundados para creer que pueden correr un riesgo real de ser sometidos a tortura, o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Las personas y familias que actualmente se encuentran en las ciudades fronterizas de México esperando la resolución de sus solicitudes de asilo, están en condiciones que ponen en riesgo su seguridad e integridad. Varias organizaciones de la sociedad civil, tanto mexicanas como estadounidenses, han documentado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas, particularmente aquellas que han sido devueltas a ciudades fronterizas de estados con altos índices de criminalidad, como Tamaulipas. Human Rights Watch realizó una compilación de informes públicos en los que se documentan, al menos, 340 casos de personas que han sido víctimas de secuestro, violación, extorsión, tortura y ataques violentos, agravados por la participación de agentes del Estado en estos hechos. Además, hay más de mil personas en situación de indigencia, durmiendo en las calles, expuestas a la intemperie, enfermedades y a la persecución por parte de grupos criminales y, como sabemos, también por parte de algunas autoridades, quienes deberían ser, precisamente, las encargadas de brindarles protección y seguridad. 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación porque considera que “estas políticas son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que, entre otros, exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas, así como a la falta de acceso a servicios de asistencia básica”. Por ello, la CIDH urgió a los países a tomar medidas urgentes e integrales para garantizar vías seguras para que las personas busquen protección internacional. 

Por todas estas razones, 2020 será un año crucial para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues, de mantenerse la política migratoria en los términos en los que se ha planteado en la actualidad, en la relación bilateral, han servido como condicionantes para que las autoridades mexicanas actúen a favor de los intereses norteamericanos la situación de las personas migrantes irá en detrimento.

El gobierno de México tendrá que identificar y resolver todas aquellas situaciones que, si en verdad quiere evitar que el nuevo año sea escenario de la peor crisis de los derechos humanos de las personas migrantes que hayamos vivido en los últimos años.

Por todas estas razones, 2020 será un año crucial para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues de mantenerse la política migratoria en los términos en los que se ha planteado en la actualidad, la situación de las personas migrantes irá en detrimento.

El gobierno de México está llamado con urgencia a identificar y resolver todas aquellas situaciones que en la relación bilateral han servido como condicionantes para que las autoridades mexicanas actúen a favor de los intereses norteamericanos. De lo contrario, el nuevo año podría ser el escenario de la peor crisis de los derechos humanos de las personas migrantes que hayamos vivido en los últimos años.

*Laura Díaz de León (@Cocolica) es Directora Ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde)