Abstinencia de diez años

Autor: Enrique Quintana

Si usted está hoy trabajando en algún puesto de mando del sector público, si no renunció ayer, y resulta que deja su trabajo hoy, tendrá un impedimento legal para trabajar en los siguientes 10 años en empresas que hayan sido reguladas por usted o de las que eventualmente tenga información que no sea pública.

Lo lamento, pero si renuncia este 20 de noviembre, deberá esperar hasta el mismo día del año 2029 para ocuparse en otros ámbitos diversos al sector público, la academia… o a poner su puesto de tacos.

La Ley de Austeridad Republicana fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación.

En el artículo 24 de la Ley que hoy entra en vigor se señala lo siguiente:

“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.

En este grupo están incluidos todos los directores generales, jefes de Unidad, subsecretarios y desde luego la totalidad de los secretarios y puestos equiparables, independientemente de la denominación.

Se trata de varios cientos de personas en las máximas responsabilidades del sector público.

Es probable que el equipo de AMLO haya diagnosticado correctamente un problema. Diversos servidores públicos de alto nivel obtenían –en el mejor de los casos– información privilegiada respecto a múltiples aspectos de la economía, las finanzas, o la regulación de todo tipo. En el peor, desde sus puestos favorecían empresas con las que luego se contrataban.

La restricción de un año que estaba ya en Ley podría ser limitada. Podría haber parecido razonable ampliarla a dos o tres años.

Pero, hacerlo a diez años implica una invitación a que solo incursionen en el sector público quienes no van a salir de él.

Un problema muy serio que existe en diversos ámbitos del gobierno hoy es que la calidad del servicio público se vino para abajo.

Aceptemos sin conceder (porque no hay ninguna evidencia objetiva que lo sustente) que se haya logrado erradicar la corrupción en los más altos niveles del servicio público.

Qué bueno, habría que felicitar a la actual administración por ese hecho.

Pero, en otra vertiente, en casi todos los ámbitos de gobierno se escucha por quienes actúan con el servicio público, el comentario de que los actuales funcionarios tienen menos conocimiento y experiencia que los que tuvimos en el pasado. Y eso ya le cuesta a la economía y a la gente.

Habrá decisiones incorrectas, procesos más tortuosos de gestión burocrática e incluso más tentaciones de corrupción en niveles operativos.

Insisto en que el espíritu de esta administración es correcto.

Había muchos casos en los que era evidente el favoritismo de los funcionarios públicos, lo que se constataba cuando se veía hacia dónde emigraban cuando llegaban al sector privado.

Pero, la Ley que hoy entra en vigencia, con su ‘cuarentena’ de 10 años, va a liquidar a los servidores públicos de calidad, o va a propiciar que al paso de los años, nadie haga caso a esta legislación pues no hay ninguna sanción específica a quien no la cumpla.