Autor: Mario Maldonado
La polémica renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a estar en el ojo público, luego de que Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emplazó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a explicar las ‘causas graves’ que motivaron su salida del máximo tribunal.
En octubre pasado, el abogado de la Universidad Panamericana, Daniel Torres –experto en derecho constitucional–, solicitó vía el INAI una explicación, pero se encontró con que, por un lado la SCJN se declaró incompetente, mientras que el Senado de la República y la Oficina de Presidencia desconocieron la existencia de un documento, carta o comunicación oficial que explicará los motivos de la renuncia.
Inconforme con la respuesta, el abogado presentó una queja en contra del presidente de la República, por ser el primer actor del procedimiento constitucional en conocer los razonamientos de la renuncia. El INAI resolvió en favor de la transparencia y obligó a Presidencia a revelar cualquier documento o comunicación oficial en la que se expongan los motivos de la renuncia de Medina Mora, en términos del artículo 98 constitucional. A partir de hoy, AMLO tiene 10 días para hacerlo.
En esta columna dimos a conocer que la renuncia de Medina Mora estuvo precedida del bloqueo de sus cuentas y las de su familia, a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Una vez presentada la renuncia, la entidad que encabeza Santiago Nieto procedió a desbloquear las cuentas.
Así, la histórica renuncia del ministro Medina Mora a la Corte reveló las intenciones de un gobierno dispuesto a eliminar cualquier obstáculo para implantar su proyecto de nación; y al mismo tiempo puso al descubierto el nivel de operación e intereses de los integrantes del gabinete, que en ocasiones no se mueven en la misma dirección.
Con la legitimidad de un Poder Ejecutivo al que le otorgaron más de 30 millones de votos en la elección presidencial y el control de un Poder Legislativo en el que se supera la mayoría absoluta para ambas cámaras, el único contrapeso visible para la denominada Cuarta Transformación era el Poder Judicial.
Así quedaba claro para los opositores al régimen de Morena y así se vio en la práctica con los más de 150 amparos que un grupo de empresarios, encabezado por Claudio X González, ingresó en diversos tribunales contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno.
No obstante, la amenaza de un Poder Judicial afectado por la austeridad republicana y opositor a las políticas del nuevo régimen resultaba también evidente para la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Julio Scherer Ibarra.
Los
tiempos, entonces, eran inmejorables por los relevos programados de los
ministros José
Ramón Cossío Díaz y Margarita Luna Ramos, tras los que AMLO logró
colocar en el máximo órgano de justicia a Juan
Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa.
El puesto de Medina Mora fue ocupado hace unos días por la ex titular del SAT,
Margarita
Ríos-Farjat, también cercana al consejero jurídico de la
Presidencia y a la esposa del Presidente.
En versiones recabadas entre los legisladores de Morena en el Senado de la
República y confirmadas por juristas que conformaron ternas para ocupar un
lugar en la Corte, la operación política para los procesos de selección de los
nuevos ministros recayó en el consejero Jurídico de la Presidencia, quien
mantuvo contacto permanente con los aspirantes para delinear cada una de sus
estrategias de cabildeo.
La estrategia de reconfiguración del Poder Judicial tuvo como resultado, el 2 de enero de 2019, la designación del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea –cercano al Poder Ejecutivo– como presidente de la Suprema Corte; esto con el apoyo de siete magistrados entre los que se encontraba ya el voto sumiso del ministro encumbrado por el último gobierno priísta: Eduardo Medina Mora.
La sumisión de Medina Mora no fue suficiente para alcanzar inmunidad con un nuevo gobierno, y mucho menos con un Julio Scherer que, de acuerdo con fuentes del más alto nivel del Poder Judicial, codiciaba desde principios de sexenio una posición más en la Corte que significara apoyo incondicional para el Ejecutivo.
No obstante, el respaldo de otra de las integrantes del gabinete presidencial, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero –amiga de Medina Mora– permitió al hoy ex ministro resistir las presiones durante aproximadamente 10 meses.
Fuentes del gobierno federal confirman también lo que el titular de la UIF, Santiago Nieto, ha ventilado en medios de comunicación: que a Medina Mora le seguían la pista desde meses atrás, con investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e incluso posibles vínculos con el crimen organizado.
El embate contra Medina Mora fue atajado por la ministra en retiro, quien intercedió por su ex compañero para que mantuviera la toga por lo menos durante el total del sexenio; esto bajo el entendido de que, superado los indicios de contubernio con gobiernos anteriores, sus resoluciones contribuirían a lograr la transformación del país.
No
obstante, el dique de protección desde la Segob se venció en las últimas
semanas de septiembre, cuando en las oficinas de Palacio Nacional tomó fuerza
la versión de una posible asesoría de Medina Mora hacia el colectivo
#NoMasDerroche, el brazo legal de Claudio
X González que interpuso los amparos contra el proyecto
aeroportuario de Santa Lucía y que amenazaba con llevar la pelea hasta la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reacción de López Obrador fue casi inmediata y, sin reparar en las
recomendaciones emanadas desde otras dependencias, el encargado de los asuntos
jurídicos asumió el control de la operación, la cual consistió en un par de
llamadas realizadas la tarde del jueves 3 de octubre: la primera hacia algunas
oficinas de la Secretaría de Hacienda para congelar las cuentas del ministro, y
la segunda poco después hacia el propio personaje en cuestión. La versión fue
confirmada por fuentes a las que el propio Medina Mora confió el episodio
incómodo.
¿Cuál será la versión del gobierno? Estamos a 10 días de
conocerla.
@MarioMa
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