¿De veras está en riesgo el INE?

Autor: Raúl Rodríguez Cortés

Presidente López Obrador: ¿Va a aniquilar al INE o a socavar su autonomía para someterlo? ¿Es esa la razón del severo recorte presupuestal que se le aplicará nuevamente en 2020? ¿Pretende así asfixiarlo para que no pueda garantizar elecciones libres, limpias y equitativas? ¿Subordinarlo para que avale la eternización en el poder de su persona y/o proyecto político?

Al plantearle estas preguntas —que ameritan, por interés nacional, respuestas claras y precisas, ajenas a toda índole de verborrea o demagogia—, recurro a palabras e ideas repetidamente utilizadas por sus adversarios políticos como expresión de sus más horribles pesadillas.

Aunque la historia prueba que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” —aforismo del politólogo inglés John Emerich Acton (1834-1902)—, se antoja excesivo suponer que AMLO —por su historia y trayectoria— se atreviera a traicionar libertad y limpieza electorales, a cuya ausencia atribuyó fraudes contra su candidatura presidencial (2006 y 2012), y cuya exigencia, finalmente, pavimentó su camino hacia la presidencia (2018).

   Este parecer, por supuesto, no exonera a AMLO en automático. Muchos, a lo largo de la historia, han sucumbido a la seducción corruptora del poder (entre los más recientes Evo Morales, de Bolivia). Resistirla ha sido virtud de muy pocos hombres, casi todos míticos (Ulises y el canto de las sirenas).

Por otra parte, el tsunami electoral que llevó al poder a AMLO lo dotó, en las cámaras legislativas, de una mayoría que ha facilitado los cambios que promueve, pero que ha dejado ver subordinación y ausencia de contrapesos propios de un sistema democrático, sobre todo los mandatados en los casos donde deben construirse, con la oposición, mayorías calificadas, como no ocurrió con la reciente elección en el Senado de la presidenta de la CNDH o podría no ocurrir en la designación de una nueva ministra de la Corte.

   Pero si AMLO pretende abjurar, como lo advierten sus adversarios, de un árbitro electoral imparcial, estaría cometiendo suicidio político. Él y su proyecto de nación se irían al basurero. Por eso las razones de ese recorte presupuestal al INE deben estar en otro ámbito, el de la austeridad. No, por cierto, en la inútil y mal entendida, de cuyas perniciosas consecuencias, como las del gasto en salud, ya hemos visto algunos ejemplos.

   El oneroso costo de nuestra organización electoral es directamente proporcional a la secular desconfianza que, no sin razón, hemos tenido respecto a las elecciones. En 2000, y nos regocijamos, se garantizó la primera alternancia sin sobresaltos con un IFE autónomo y ciudadanizado, pero en 2006 y 2012 la duda sobre los resultados volvió a ensombrecernos. En 2018, tras la transformación del IFE en INE, con más tareas y, por lo tanto, mayores costos, la votación fue tan contundente que no dejó espacio a la más mínima duda.

   Con un gobierno que se asume democrático, respetuoso del voto ciudadano y diferente de aquellos que lo defraudaron, ¿habremos llegado al punto de reducir ya los altísimos costos de nuestra organización electoral sin afectarla o poner en riesgo los comicios?

De acuerdo con un documento interno, al INE le recortaron este año 950 millones de pesos para quedarse con un presupuesto que superó un poco más de 12 mil 500 millones de pesos. De lo recortado, el Instituto absorbió mediante ahorros propios 330.80 millones de pesos, lo que no deja de llamar la atención. Los restantes 619.20 millones de pesos se han cubierto así: 237.56 millones por suspensión temporal de contrataciones, 133 millones por ahorros en la licitación de arrendamiento de vehículos y 125.88 millones por ingresos excedentes. Por lo tanto, al 31 de octubre pasado había un déficit de 122.76 millones, de los que 103.57 millones fueron cubiertos ya mediante otros ahorros, lo que deja un saldo, hasta ahora, de 19.19 millones de pesos.

¿También habrá tela de donde cortar ahora que al INE se le recortan mil 71 millones de pesos para dejarle en el Presupuesto 2020 un total de 16 mil millones 660 mil 795 pesos? Es probable que sí, si se repara en dos rubros: el de los sueldos de los once consejeros electorales (460 mil pesos al mes aprobados para 2020); y la eventual reducción a la mitad de los cinco mil 239 millones de pesos del financiamiento público a los partidos políticos en 2020, cuyo dictamen será discutido la semana entrante por la Cámara de Diputados.

  Como bien puede observarse, la narrativa reciente sobre el INE tiene también otros resortes.