Autor: Héctor de Mauleón
Poco después de las tres de la tarde, vecinos de la zona conocida como La Coyotera, en el municipio de Irapuato, encontraron una bolsa negra debajo de una mezquitera. Adentro estaba el cuerpo descuartizado de una mujer. A un lado había una cartulina “color anaranjada fosforescente”.
El 10 de diciembre pasado, la policía municipal de Irapuato recibió una llamada telefónica que indicaba la posible privación de la libertad de tres personas, a las que hombres armados habían sacado de su domicilio. Cuando los tripulantes de la unidad 9454 se acercaron al lugar, reconocieron que se trataba de la casa donde vivían dos de sus compañeros: la policía tercero María Sonia Arellano, y su esposo, un policía raso llamado Ramón. La puerta de acceso estaba totalmente desprendida.
La hija de la pareja relató que a la medianoche, cuando la familia había apagado las luces para irse a dormir, se escucharon fuertes golpes en la puerta principal. Su padre les ordenó, a ella y a su hermano, que se escondieran. La muchacha oyó que los intrusos estaban ya en la sala, escuchó que su padre les pedía “que le dejaran ponerse unos tenis”, y escuchó también que su madre salía de la recámara. “A ella también la amagaron”, dijo.
Los agresores entraron en la habitación donde los hermanos se habían escondido. A la joven no la tocaron, pero se llevaron a rastras al muchacho, de 27 años de edad. “Huyeron hacia la salida a Abasolo en una camioneta Tundra de color gris y en una camioneta blanca doble cabina”, le dijo la joven a la policía.
Ramón y su hijo fueron dejados en libertad al día siguiente. Pero María Sonia Arellano no apareció. Cuatro meses atrás, el alcalde Irapuato la había reconocido con el Mérito Policial 2019. “La Comandante”, como la llamaban, había tomado parte en operativos exitosos contra grupos dedicados al huachicol.
Ahora sus restos, hechos pedazos, estaban bajo una mezquitera. La cartulina que habían dejado a su lado, firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, la acusaba de estar al servicio de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, y contenía señalamientos contra el alcalde de Irapuato y contra su director de seguridad.
Tres días después, la presidencia municipal de Villagrán confirmó el hallazgo de los cuerpos desmembrados de cuatro policías: se los habían llevado hombres encapuchados del Cártel Jalisco Nueva Generación que el 11 de diciembre atacaron las instalaciones de seguridad pública de Villagrán.
Los agresores hicieron circular videos que mostraban detalles de aquella incursión. Se les oía decir: “Aquí entrando a Villagrán, pura gente del señor Mencho, señores, puro cuatro letras, puro grupo de élite, pura gente del señor Mencho”, “ya llegó El Mencho señores, ya llegamos, putos, ya llegamos cabrones”.
Los encapuchados atacaron las instalaciones, mataron a tres policías, hirieron a otro, secuestraron a un juez cívico al que dejaron libre después de torturarlo, y pusieron en circulación imágenes del interrogatorio a los policías.
12 agentes municipales fueron asesinados en solo en unas horas en Guanajuato. A unos los asesinó la gente del Mencho; a otros, los hombres de su rival, El Marro.
64 policías perdieron la vida en el estado entre el 2 de enero y el 13 de diciembre de 2019. Se han convertido en blanco del crimen organizado. En esos meses, Guanajuato se convirtió en el estado más peligroso para los policías.
En cerca del 80% de los casos, sin embargo, las muertes llegaron acompañadas de señalamientos por supuestos vínculos entre las víctimas y grupos criminales —según los registros del gobierno estatal.
A principios de año, la administración federal desató una embestida en Guanajuato contra las organizaciones dedicadas al huachicol. Doce meses más tarde el Cártel de Santa Rosa de Lima se halla debilitado. En ese lapso, el Cártel Jalisco aprovechó la oportunidad para desplegar a sus hombres en puntos estratégicos: es la lucha que estamos viendo.
En esos 12 meses el gobierno de AMLO inmovilizó a la Policía Federal y sacó a la Marina de las operaciones de inteligencia que había estado realizando. Entre los ciudadanos y los grupos criminales solo quedó el débil colchón formado por la policía estatal y la policía municipal, el célebre “eslabón más frágil” de la cadena de seguridad.
La respuesta del gobierno ha sido el despliegue de una Guardia Nacional cuyos resultados se reducen a patrullar las ciudades en convoyes inmensos. La oleada de policías asesinados en los últimos meses es un reflejo del triunfo del crimen organizado, del deterioro de las instituciones, del fracaso de la nueva estrategia.
Guanajuato es el infierno de los policías y es, por tanto, el infierno de los ciudadanos.
@hdemauleon
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