Durante el primer trimestre de 2024, la Administración Pública Federal (APF) no ejerció más de 16 mil millones de pesos destinados al sector salud, marcando una preocupante tendencia de subejercicio en uno de los sectores más críticos para el bienestar público. Este monto representa una parte significativa del presupuesto que estaba programado para ser gastado en instituciones clave como el ISSSTE y el IMSS, pero que quedó sin utilizarse. A nivel general, la APF solo gastó 68% del total presupuestado para contrataciones públicas, alcanzando 92,841 millones de pesos, el monto más bajo en un primer trimestre desde el inicio del sexenio.
A pesar de la reducción general en los gastos del gobierno, algunos sectores como la Defensa Nacional no solo cumplieron con sus presupuestos, sino que los excedieron. Mientras el sector salud luchaba con un uso de solo el 74% de su presupuesto, la SEDENA gastó 2.5 veces lo que tenía asignado. Este desbalance en el gasto público levanta cuestiones sobre la asignación de recursos y las prioridades del gobierno, especialmente en un año marcado por procesos electorales donde la eficiencia y transparencia gubernamental son cruciales.
El análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que, además de los 16 mil millones no ejercidos en salud, hubo una dramática reducción en el número de contratos, con solo 20,706 contratos realizados, menos de la mitad que el año anterior. Esta disminución en las contrataciones y el gasto subraya problemas potenciales en la planeación y ejecución presupuestaria que no solo afectan la disponibilidad de servicios esenciales como la salud, sino que también plantean interrogantes sobre la eficiencia de la gestión pública en un momento crítico para la nación.
En los primeros tres meses de 2024, la Administración Pública Federal (APF) destinó 92,841 millones de pesos a contrataciones públicas, lo que refleja el menor gasto en un primer trimestre durante el actual sexenio. Comparativamente, este monto es considerablemente bajo, pues representa apenas el 68% de lo presupuestado, evidenciando una significativa falta de ejecución de los fondos asignados. Además, el número total de contratos realizados fue de 20,706, menos de la mitad en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se efectuaron 43,000 contratos.
La distribución de los procedimientos de compra ha mantenido un patrón similar a años anteriores, con la mayoría de los contratos adjudicados directamente. Sin embargo, la reducción en el número y el monto de los contratos es alarmante, ya que indica una disminución en la actividad de compras del gobierno que podría afectar la eficiencia y la entrega de servicios públicos necesarios. Este descenso en la ejecución presupuestaria y en la actividad contractual plantea serias preguntas sobre la planificación y gestión de los recursos públicos.
El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP) para 2024 había estimado un gasto de 135,533 millones de pesos solo para el primer trimestre; sin embargo, el gasto real fue mucho menor. Esto sugiere una falta de alineación entre la planificación presupuestaria y su ejecución efectiva, lo que puede ser indicativo de problemas subyacentes en la gestión financiera y operativa de las instituciones públicas.
Los hallazgos más preocupantes se centran en el sector salud, donde instituciones clave como el ISSSTE y el IMSS dejaron de gastar 16,459 millones de pesos. Este subejercicio representa un uso de solo el 74% del presupuesto programado para estas entidades en el trimestre. En contraste, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) gastó 2.5 veces lo presupuestado, lo que resalta una asignación desequilibrada de recursos financieros dentro del gobierno.
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia no realizó ninguna compra, pese a tener asignados 2,648 millones de pesos para adquirir vacunas contra el covid-19. Este tipo de omisiones no solo pone en riesgo la salud pública sino que también levanta cuestionamientos sobre la priorización de recursos en un año electoral. La falta de ejecución en el sector salud podría tener consecuencias directas en la cobertura y calidad de los servicios médicos ofrecidos a la población.
El informe de MCCI destaca una discrepancia notable en la ejecución del presupuesto entre diferentes departamentos y servicios, lo cual indica una gestión ineficaz y potencialmente dañina para sectores prioritarios como el de salud. Este problema se agrava ante la urgencia de atender necesidades básicas de la población, especialmente en un contexto de desabasto de insumos médicos que ha sido una constante en los últimos años.
La situación del primer trimestre de 2024 es un claro indicativo de que la planificación de las contrataciones públicas es un proceso que debe ser revisado y fortalecido. La falta de gasto no solo refleja una posible ineficiencia administrativa, sino que también puede tener repercusiones severas en la prestación de servicios esenciales como la atención médica. En el caso específico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, la falta de adquisiciones de vacunas pone en evidencia una desatención preocupante hacia necesidades críticas de salud pública.
Además, el hecho de que algunas entidades, como la SEDENA, superen ampliamente los montos presupuestados mientras que sectores clave sufren de subejercicio, plantea interrogantes sobre la equidad y la adecuada distribución de los recursos públicos. La disparidad en el gasto subraya la necesidad de un monitoreo más riguroso y de mecanismos de rendición de cuentas más efectivos para asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera justa y eficiente.
Por último, esta situación subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión del presupuesto público. Es crucial que el gobierno ofrezca explicaciones claras sobre las discrepancias en la ejecución presupuestaria y tome medidas concretas para rectificar las deficiencias identificadas. La falta de gasto adecuado en áreas críticas no solo es un problema administrativo, sino que también tiene implicaciones reales en la vida y el bienestar de los ciudadanos, lo cual requiere una acción gubernamental inmediata y eficaz para corregir el curso y garantizar que los recursos se utilicen de manera que realmente beneficie a la población.
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