Jueces no podrían proteger a la ciudadanía ante actos u omisiones de la autoridad
El Senado de la República ha dado luz verde a una polémica reforma a la Ley de Amparo que ha desatado un intenso debate sobre el acceso a la justicia en el país. La aprobación de los artículos 129 y 148 de dicha ley, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ha generado reacciones encontradas entre los legisladores y activistas, marcando un hito en la lucha por los derechos ciudadanos. La oposición ya adelantó que intepondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con una votación de 66 a favor y 37 en contra, el Senado avaló en lo particular los artículos reservados del dictamen, que buscan limitar las facultades de los jueces para suspender normas y obras públicas. Esta decisión ha sido impulsada por el senador Ricardo Monreal, quien argumenta que pretende evitar abusos de poder por parte de la denominada ‘dictadura de la toga’, refiriéndose a una supuesta discrecionalidad en los asuntos judiciales que vulnera el principio de legalidad.
Sin embargo, las voces críticas no se han hecho esperar. Activistas y opositores señalan que esta reforma atenta contra el derecho fundamental al acceso a la justicia. La senadora Lilly Téllez ha acusado a Morena, partido mayoritario en el Senado, de dar más poder al gobierno en detrimento de los derechos de la sociedad. “Morena va contra el pueblo con la bandera del pueblo”, afirmó Téllez durante la sesión legislativa.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, ha defendido la reforma argumentando que no afecta derechos ni constituye una regresión en las garantías constitucionales. Sin embargo, su postura no ha logrado calmar las preocupaciones de aquellos que temen una concentración excesiva de poder en manos del gobierno federal.
Las críticas más vehementes se han centrado en la supuesta intención de la reforma de evitar que se detenga cualquier iniciativa promovida desde el ejecutivo. Esta percepción ha alimentado el fuego del debate, destacando la polarización política que enfrenta a los distintos actores en el escenario legislativo.
La reforma a la Ley de Amparo ha sido objeto de una intensa discusión en el Senado desde su anuncio por parte de Ricardo Monreal. Con 19 votos a favor y 13 en contra en comisiones previas, y posteriormente con 69 votos a favor y 42 en contra en la votación general, su aprobación marca un momento crucial en la historia legislativa del país.
Ahora, la reforma pasará a la Cámara de Diputados para su revisión final, donde se espera que el debate continúe y se definan los próximos pasos en esta controvertida iniciativa. Mientras tanto, la sociedad civil y diversos sectores seguirán de cerca este proceso, conscientes del impacto que tendrá en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en México.
