Por Gabriela Rivera
@gabs_07
Tras la desaparición de 109 fideicomisos públicos que aprobó el Congreso la semana pasada —incluido el que se ocupa de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas—, ahora los beneficiarios deberán recibir el dinero por parte de la federación de manera directa.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el fondo contaba con 250.3 millones de pesos, con lo que se encargaba de dar protección a periodistas y defensores de los derechos humanos a través de medidas como botones de pánico, seguridad personal, alarmas, entre otras, pero también indemnizaciones.
Esas medidas, ahora deben de pagarse con el presupuesto asignado para las dependencias que se hacían cargo. Por ejemplo, para este año, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, prevé 234 millones de pesos para el mecanismo federal —que se encarga de atender a periodistas y personas defensoras—, de donde deberá pagar las medidas de protección y su funcionamiento, entre salarios y gastos operativos.
Es decir, ahora sin el apoyo del fideicomiso, el mecanismo de protección debe dar de su presupuesto para pagar apoyos a vivienda, atención médica y psicológica, entre otras cosas que requerían las personas agredidas.
En julio de 2016, Andrés —no es su nombre real— denunció abusos policiales durante una protesta al sur del país. Tras la publicación de su reporte, comenzó a ser acosado por parte de desconocidos.
Incluso, una persona lo siguió hasta su redacción de manera constante. Lo mismo ocurrió afuera de su domicilio. Andrés interpuso una denuncia y fue ingresado al mecanismo, donde le dotaron de un botón de pánico conectado con las autoridades, y rondines diarios en la zona donde habita y en dónde trabaja.
Estas medidas fueron pagadas con el fideicomiso para periodistas.
A la fecha, el mecanismo de protección cuenta con mil 304 beneficiarios, principalmente personas defensoras de los derechos humanos, con 886, y 418 periodistas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la desaparición de los fideicomisos ya que—argumentó— se les van a seguir entregando los apoyos, pero de manera directa.
“Sólo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo”, dijo el mandatario a principios de mes.
Sin embargo, tanto activistas como la comunidad internacional alertaron sobre el riesgo de la desaparición de recursos etiquetados para apoyar a este sector.
También a principios de mes, diputados alemanes de izquierda enviaron cartas al Congreso, para hacer un llamado y evitar el cierre de estos fondos.
Tras la cancelación de los fideicomisos, los programas como el mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas seguirán funcionando con recursos propios, asignados mediante el presupuesto.
La discusión presupuestal en el país comenzó a principios de octubre y en la primera revisión del Proyecto de Presupuesto para el siguiente año se le dió a este mecanismo federal 15 millones de pesos menos, que con lo que contaba a través del fideicomiso que lo financiaba.
Es decir, los más de mil 300 defensores de la liberta de expresión que se acogieron a las autoridades tras ser agredidos y amenazados, deben sortear los mismos riesgos, con menos recursos disponibles.
