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En la mira del gobierno, usar el crédito del FMI

FMI planea usar crédito

Raúl Rodríguez Cortés

Tentativamente le han denominado Plan Nacional de Apoyo al Empleo con Bienestar Social en la Contingencia Económica y su borrador ya está en el escritorio presidencial. Añade a los apoyos crediticios a las pymes ya anunciados, incentivos a empresas grandes sin adeudos fiscales. Cumplida esa condición, se daría curso a una de las más enfáticas exigencias de las cúpulas empresariales.

Llama la atención que en el referido borrador se mencione que no es descartable el uso gradual de la línea de crédito flexible (LCF) por 61 mil millones de dólares que México tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confiaron a esta columna fuentes de la secretaría de Hacienda.

El plan, motivo aún de debate en el gabinete, es parte o el todo de las medidas de recuperación económica que AMLO dijo ayer que dará a conocer la semana entrante, para “desatar todas las acciones de apoyo a la economía en mayo y junio”, meses para los que las autoridades sanitarias proyectaron el pico de la pandemia.

Que se mencione en el borrador la LCF del FMI, plantea al menos dos interrogantes: 1. ¿Si el Presidente ha insistido que “el compromiso es salir de esta crisis sin endeudar a México”, recurrir a la LCF no es tomar deuda? 2. ¿Esos recursos pueden usarse para fondear el salvamento de empleos y empresas?

Respecto a la primera pregunta, algunos economistas consultados explican que ese mecanismo de financiamiento no se contabiliza como deuda en las cuentas nacionales, aunque implica inevitablemente el reembolso del recurso del que se disponga.

Respecto a la segunda, todo apunta a que el uso de esos recursos está asociado al apuntalamiento de la estabilidad macroeconómica y para su disposición el gobierno requiere del aval del Banco de México.

Éste mostró ayer el apego a su autonomía interna cuando su gobernador, Alejandro Díaz de León, rechazó la petición que López Obrador le hizo de adelantar el pago de los remanentes de operación que el banco central debe hacer cada año al gobierno a más tardar en abril. Su argumento: “la importancia de observar el procedimiento y los tiempos”. Entonces recibirá este mes los remanentes de operación del año pasado, estimados antes de los efectos del Covid en 239 mil millones de pesos por el Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. La caída en el ingreso de divisas por la pandemia, ajusta el estimado a 149 mil millones de pesos.

Si esa es la línea, lo previsible es que el Banxico no avale el uso de la LCF para rescate de empleos y empresas. Y si llegara a avalarlo, ¿no se estaría enviando la señal de que se recurrió a él porque algo ocurre en la estabilidad macroeconómica?

La línea de crédito flexible fue creada por el FMI para atender la demanda de préstamos de prevención y mitigación de crisis proveniente de países “con marcos de política e historiales económicos muy sólidos”. Hasta ahora la han gestionado solo tres países: México, Polonia y Colombia. Se renueva cada dos años. Colombia ya no lo hizo. Polonia y México sí. Nuestro país la renovó en noviembre pasado mediante el pago de una comisión de 159 millones de dólares.

La primera vez que se contrató fue en el gobierno de Felipe Calderón por 84 mil millones de dólares. En el de Peña Nieto se mantuvo por 71 mil millones de dólares y en el actual es por 61 mil millones de dólares. Por mantenerla el país ha pagado de 2009 a la fecha diez mil millones de dólares.

Falta saber si es utilizable para fines distintos a los de la estabilidad macro, si el Banxico la avala y si AMLO acepta disponer gradualmente de ella como se refiere en el borrador del plan que aguarda en el escritorio presidencial.

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