La Suprema Corte de Justicia tomará el lunes próximo una de las decisiones más trascendentes para el futuro del sistema político-electoral del país: rechazar o validar la ley con la que el Congreso de Baja California amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez.
Antes de precisar lo que está en juego y esbozar el brutal cabildeo del que son objeto los ministros del máximo tribunal del país en relación con la llamada Ley Bonilla, repasemos algunos antecedentes.
El Congreso de BC votó por unanimidad en 2014 empatar sus elecciones locales con las federales, lo que implicaba que el estado tuviera una gubernatura de dos años (2019-2021). Esa reforma fue impugnada, por lo que el Tribunal de Justicia Electoral del estado ordenó al instituto electoral local ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó esa orden y se regresó al mandato de dos años.
Bonilla Valdez impugnó, pero el TEPJF descartó la ampliación del periodo cuatro días antes de las elecciones en las que el hoy gobernador contendió y ganó para un mandato de dos años. Sin embargo, cuatro meses antes de que Bonilla Valdez tomara posesión, la Legislatura saliente, con el voto de la mayoría panista, volvió a ampliar a cinco años el periodo de gobierno, lo que desató todo un debate nacional.
Contra la Ley Bonilla se interpusieron al menos seis demandas de inconstitucionalidad que son las que la Corte está por resolver. El lunes pasado se conoció que el proyecto de resolución, a cargo del ministro Fernando Franco González Salas, propone declararla inconstitucional porque el mandato popular que recibió Bonilla Valdez fue para ejercer el gobierno únicamente por dos años y prolongarlo sin un proceso electoral es violatorio de la carta magna.
Como se trata de una ley vigente y de un proceso de control constitucional, el proyecto del ministro Franco contra la Ley Bonilla debe ser aprobado por dos terceras partes del pleno de la Corte conformado por once ministros, es decir, por ocho votos. O, dicho de otra forma: si cuatro ministros votan contra el proyecto, la Ley Bonilla se mantendría en vigor con el mandato de cinco años.
Por eso le hablaba de un cabildeo brutal que a favor de Bonilla se realiza desde el gobierno de la 4T sobre las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa; pero también desde el PRI sobre los ministros Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Lo sorprendente son los nombres de los principales cabilderos según confiaron a esta columna fuentes de las ponencias de dos ministros: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
La ministra en retiró asistió con la representación presidencial a la toma de posesión de Bonilla Valdez el primero de noviembre de 2019. Después de la ceremonia se reunió en privado con el gobernador. Sobre el encuentro se filtró un video en el que la secretaria de Gobernación, entre abrazos y sonrisas, consideró legal que el mandatario bajacaliforniano tuviera un periodo de cinco años. De entonces a la fecha se ha inferido que Sánchez Cordero está a favor de la Ley Bonilla.
El cabildeo de Salinas tendría una primera explicación por los sólidos vínculos que Bonilla ha tenido con priistas cercanos al expresidente. Varios están en su equipo de trabajo. Su representante en la Ciudad de México, Fernando Castro Trenti, muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, es uno. Otro es su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien ayer difundió un video en el que, con gran soberbia, parece burlarse de la Corte, le “tira” línea para que avalen una ley que, dijo, fue decisión soberana del Congreso bajacaliforniano y como único argumento esgrimió que en estos tiempos de pandemia no están las cosas para gastar en nuevas elecciones.
Otra explicación podría ser que Salinas apuntala una decisión que sabe resultará costosísima para AMLO y su gobierno, porque abriría la “caja de Pandora” al sugerir que es posible armar todo tipo de maniobras reeleccionistas, pero, sobre todo, al trampear la voluntad popular expresada en las urnas y torpedear la normalidad democrática. Sin exagerar: en la Corte se libra la madre de todas las batallas político-electorales.
