Morena presenta iniciativa para que el mecanismo de amparo no sea utilizado o procedente cuando se trate de legislaciones en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servicios públicos así como el funcionamiento de empresas del Estado, en este caso Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Perjuicio al interés social o contra el orden público
Esta reforma modificaría las facciones XIV y XV del artículo 129 de la Ley de Amparo reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución para asentar que constituiría un perjuicio al interés social o contra el orden público la aprobación de un amparo en estos rubros. Ya que en términos generales contravienen el principio rector de la 4T de acabar con la corrupción.
“La cuarta transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la burocracia dorada y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado; históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores”.
Así lo planteó la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, autora de la iniciativa y justificó:
“Existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex. […] De lo que se trata es de recobrar la soberanía nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos”.
Las suspensiones siguen
Rodrigo de la Peza López Figueroa, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, concedió este martes nuevas suspensiones contra la reforma eléctrica, con lo que suman alrededor de 30.
El pasado lunes, AMLO envío una carta para que se inicie una investigación contra Juan Pablo Gómez Fierro por haber otorgado las primeras suspensiones con efectos generales.
En calidad de general, se establece que la suspensión aplica también para aquellas empresas que no hayan promovido aún amparos.
No obstante la postura del presidente, hasta ahora ninguna autoridad federal ha promovido algún recurso de queja o impugnación como se puede constatar en los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación.
