En Ciudad de México, Ottawa y Washington existe un ambiente de celebración mientras los gobiernos de los tres socios norteamericanos se preparan para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) este 1 de julio. De la misma manera, las empresas anuncian no sólo la continuación del libre comercio en Norteamérica, sino la modernización de una relación que se remonta a la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
El entusiasmo sobre el futuro de la región no es injustificado. Sabemos que la relación económica entre los socios del T-MEC representa un sorprendente valor de 1.2 billones de dólares en comercio y está respaldada por más de 14 millones de empleos. En principio, la modernización del TLCAN al T-MEC busca proteger esos empleos y profundizar la competitividad y la prosperidad de los tres países.
Sin embargo, este remanso de tranquilidad y júbilo puede solamente representar la calma antes de una tormenta. No olvidemos que la administración de Trump ha perseguido una estrategia agresiva en materia de comercio internacional basada en los principios del nacionalismo económico desde que llegó a Pennsylvania Avenue en enero de 2017. Personajes como Peter Navarro, Wilbur Ross y el propio presidente, han hablado en diferentes ocasiones sobre la necesidad de utilizar la influencia, recursos y poder de Estados Unidos para “traer justicia” y cambiar la balanza en las relaciones comerciales bilaterales y multilaterales de su país vis-à-vis resto del mundo.
El 17 de junio, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, testificó ante el Congreso estadounidense sobre la disposición de su administración para tomar medidas “temprano y con frecuencia” para impugnar las violaciones al T-MEC a partir de que el tratado entre en vigencia. Refiriéndose a Canadá, Lighthizer dijo que el tema del comercio de productos lácteos será monitoreado muy de cerca y que Estados Unidos está listo para castigar a su vecino del norte si no cumple con su parte del trato. En el caso de México, el representante comercial señaló las disputas existentes entre los dos países y mencionó específicamente el fracaso del gobierno mexicano para aprobar las importaciones de productos biotecnológicos desde Estados Unidos en los últimos dos años. Tras más preguntas, su equipo aclaró que se refería específicamente a las exportaciones de transgénicos (OMG) desde Estados Unidos.
Pero el campo es tan sólo uno de los múltiples frentes donde expertos esperan que se susciten controversias con la entrada en vigor del T-MEC. El hecho de que México no termine de implementar y ejecutar plenamente la nueva legislación en materia laboral —uno de los requisitos para la ratificación del acuerdo— ya está llamando la atención de algunos sindicatos y empresas del otro lado del Río Bravo. Que Lighthizer —después de intensas conversaciones con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y otros miembros del liderazgo del partido demócrata— insistiera en la inclusión de agregados laborales en la embajada de Estados Unidos en México para monitorear la implementación de la nueva (y más estricta) legislación laboral de México es una señal inconfundible sobre la importancia de este tema tanto para Trump, como para la oposición demócrata en el Congreso.
Para complicar aún más cosas en México, otros sectores en Estados Unidos comenzaron a aumentar la presión a medida que se acercaba el primero de julio. Por ejemplo, la industria farmacéutica está buscando la ayuda de Lighthizer para presionar al gobierno mexicano para que mejore y agilice el proceso regulatorio y de permisos para la exportación de nuevos medicamentos. Según fuentes de la misma industria, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el proceso de permisos ha sido abismalmente lento e ineficiente. Mientras que en anteriores años el papeleo correspondiente solía tomar unos cuantos días para ser procesado, con la 4T estos procesos burocráticos ahora toman meses, resultando en pérdidas para empresas exportadoras.
Todo parece indicar hacia una misma dirección. Acciones similares están siendo preparadas por las principales empresas de la economía digital que buscan proteger sus intereses en México con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Tanto las compañías farmacéuticas, como los gigantes del Internet, están profundamente preocupados por un asunto en particular: el año pasado, el Congreso mexicano presentó una iniciativa de reforma a Ley de la Propiedad Industrial con el propósito de armonizar la legislación nacional con la de nuestro vecino del norte. Llegó el primero de julio y no se han apagado las alarmas sobre el contenido de la reforma y cómo ésta podría resultar perjudicial para la inversión extranjera y potencialmente violar los puntos más importantes del T-MEC —incluida la vinculación de patentes (patent linkage) y la cláusula Bolar—. De igual forma, representantes de la industria energética, han apelado a Trump para que actúe como “detente” o amuleto protector de las empresas estadounidenses ante un contexto cada vez más hostil hacia la inversión privada en el mercado energético nacional.
Si hay quien cuestiona la resolución y la seriedad de las intenciones de Lighthizer, todo lo que tienen que hacer es revisar su historial como abogado comercial y, específicamente, sus numerosos litigios exitosos con la Organización Mundial del Comercio (OMC). En pocas palabras, las cartas credenciales de Lighthizer demuestran que el abogado de Georgetown prospera en situaciones de conflicto y es particularmente habilidoso para usar las reglas del comercio internacional a su favor. Agregando otra capa de complejidad, en el caso del T-MEC, Lighthizer tiene la ventaja adicional de ser uno de los autores del nuevo tratado. Es otras palabras, no cabe duda de que Lighthizer se siente confiado de que tanto él, como el gobierno de Estados Unidos, pueden ganar disputas comerciales contra sus dos socios norteamericanos, especialmente contra un gobierno mexicano que ha recortado severamente los recursos de su equipo de negociación comercial internacional y que se muestra reacio a invertir en la contratación de abogados expertos para defender los intereses de México en el caso de suscitarse disputas comerciales.
Por último, si bien el liderazgo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE) cuenta con un equipo gerencial sólido y con profundo conocimiento sobre las relaciones comerciales en Norteamérica, la banca del equipo de México no cuenta con suficientes revulsivos. En el pasado, el gobierno mexicano reconocía la importancia de atraer y retener a los mejores talentos en materia de comercio internacional. La administración actual haría bien en prepararse adecuadamente para lo que, en palabras de Lennon-McCartney, parece que va a ser un camino largo y sinuoso a partir de este julio. Para sobrevivir a la tormenta que se avecina, México debe comenzar a invertir más en capital humano y en garantizar que sus marcos legales y regulatorios sean consistentes con las demandas del nuevo régimen comercial para Norteamérica.
