María del Rosario Vigueras Pliego
Una de las principales problemáticas que existen en México respecto al tema de seguridad, es la carencia de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía; lo que agrava la cifra negra de delitos y hace que los datos oficiales que se reportan carezcan de sentido o simplemente no empaten con la percepción de seguridad.
En época de la pandemia, el Observatorio Nacional Ciudadano ha recalcado en diversas ocasiones el aumento de inseguridad, en el primer semestre de 2020 en comparación al primer semestre de 2019, mismo que ha sido el año con más inseguridad, encontramos un alza en los delitos como feminicidio, trata de personas, narcomenudeo y violencia familiar.
En el caso de la disminución de otros delitos, se ha manifestado que mucho se debe la disminución a que la ciudadanía se ve imposibilitada o no cree que valga la pena arriesgar su salud para “perder el tiempo” denunciando un delito que probablemente no se esclarezca, o bien, es asesorada por la policía comentándoles los mismos que “paraqué denuncia, si de todas formas no se va a solucionar nada y ni les van a hacer caso” es así que la percepción de inseguridad sigue imperando en nuestro país y la cifra negra prevalece.
En esa tesitura, la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades también se debe a varias razones en las que se encuentra: falta de respuesta y de certeza de las autoridades en la investigación, trámites tediosos y pérdida de tiempo, no conseguir la atención adecuada y rápida en el 911,089 o 088. Estas razones ocasionan que las víctimas tengan la sensación de que su denuncia no irá a ningún lado y prefieren no hacer nada.
En el tema de atención a víctimas, existe una incorrecta o mal manejo de la procuración y cuidado de los derechos de las victimas, ya que se olvida que la mejor forma de atender y prestar atención a ellas es esclarecer el caso, perseguir y condenar a los culpables, informar sobre los avances en las investigaciones, todo esto obedeciendo al derecho a la verdad.
En cuanto a las extorsiones telefónicas, no existe una contención por parte de las operadoras y operadores, ni un manejo de crisis; además de dilación en la respuesta y no se informa sobre el proceso de investigación, aún menos y cuando es un caso de tentativa.
En esta última, existen números telefónicos que llevan hasta un año extorsionando y eso se sabe más a partir de fuentes abiertas que de la misma autoridad; por lo cual es indispensable que los ciudadanos sepamos qué se hace con la información que otorgamos y no sólo es “llenar una base de datos” sin avances.
Pero obviamente como todo, esta deficiencia y debilidad institucional tiene una razón, y es la falta de empatía que tienen los titulares de las instituciones por los servidores públicos que operan la maquinaria de procuración de justicia y seguridad pública.
Como consecuencia preexiste la saturación de carpetas de investigación, un mal manejo de horarios laborales, una organización de estructuras no controladas y un plan de formación independiente entre los operadores, no se considera realizar un cruce de capacitación entre peritos, policías de investigación y agentes del ministerio público, se ordena capacitar a “los castigados” o improductivos, por lo que el personal “eficiente” da resultados empíricos sin capacitación y/o actualización.
Otro tema, es la falta de promociones y ascensos, ya que en diversas ocasiones la evolución de cargo es de acuerdo con los vínculos personales con su jefe con el fin de sacar investigaciones de conveniencia, recomendadas y por instrucciones de los altos mandos, lo que logra quitarles importancia a otros casos.
Finalmente, y aunque no se están enunciando todas las causas de la debilidad institucional, hace falta una evaluación permanente de la política criminal a efecto de medir las acciones de las fiscalías y el cumplimiento de compromisos; no con el afán de atacarlos o quitar recursos (que buena falta les hace), sino con el fin de buscar mejoras continuas en las prácticas y así obtener la confianza de la población.
En ese sentido, el Observatorio Nacional Ciudadano, al poner puntual atención en la carencia de estrategia de seguridad y el repunte de inseguridad derivado de la crisis económica que se espera, se encuentra colaborando con las Fiscalías de Michoacán y la Ciudad de México, principalmete, a efecto de aportar recomendaciones; además, es a través de la Dirección de Atención a Víctimas del ONC, que se asesora, vincula y acompaña a víctimas de delitos con las autoridades a modo de impulsar las investigaciones, recobrar la confianza en las autoridades y abatir la cifra negra.
