La representación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que encabeza Michelle Bachelet, defensores mexicanos del pueblo (ombdudsman) lamentaron la terminación de fideicomisos que administraban fondos públicos, sin garantizar alternativas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
La representación de Acnudh y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos “han tomado nota con preocupación de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, dice un posicionamiento conjunto.
El documento que también suscribe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que esa instancia que administraba fondos público “estaba destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor”.
Amnistía Internacional por el respeto de las instituciones en pro de periodistas y defensores de DDHH
En un comunicado de prensa, el organismo manifestó que “tal como lo han denunciado organismos internacionales de derechos humanos, las medidas interpuestas por los Estados en relación con la pandemia del Covid-19 no pueden suspender o ir en detrimento del ejercicio de derechos, sino que deben ser garantizados sin discriminación a toda persona, siendo un deber del Estado mexicano actuar conforme a sus obligaciones internacionales y dada la naturaleza de la pandemia, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada al encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Asimismo, en el comunicado se manifestó que “la eliminación del Fideicomiso del Mecanismo y la consecuente operación del fondo por parte de la Secretaría de Gobernación, tendrá implicaciones negativas como la burocratización de la implementación y operación de las medidas de seguridad en favor de la población beneficiaria.
“Además, impediría que el Mecanismo se allegue de otros recursos que permitan solventar los gastos derivados del riesgo que enfrentan estas poblaciones, lo que redundará en una reducción del presupuesto designado para garantizar las medidas de seguridad”, puntualizó
