Ciudadanos, en este gobierno de “ya sabes quien” se han volado la barda y se han despachado con la cuchara grande y sin respeto, sin legalidad y sin honrar a quien tanto luchó por estos preceptos ni más ni menos que nuestro Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.
En un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción da cuenta de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, fan número uno del indígena zapoteco, ícono de la razón y el derecho, ahora sí, demostró que el manejo a modo de las leyes y la Constitución mexicana es un deporte para el habitante de Palacio Nacional.
El periodista Leonardo Núñez, dio a conocer hoy que “el mes de septiembre ha representado el pico más alto de dinero público entregado a través de adjudicaciones directas en lo que va del 2020, al mismo tiempo que encamina a que este año se rompa, nuevamente, el récord de adjudicaciones directas de la década, pues 79.3% de los contratos han sido entregados por este mecanismo”.
Y sí, las adjudicaciones directas están permitidas, sin embargo, lo que dicen los colegas de Mexicanos es que el Gobierno de México ha abusado de ello, eliminando toda competencia e imparcialidad de la administración morenista.
El reportaje dio a conocer que la información oficial de la plataforma COMPRANET muestra que durante los primeros nueve meses de 2020 la Administración Pública Federal ha celebrado 104,999 contratos por un total de 333,910 millones de pesos (mdp). De estos, 83,261 han sido entregados por la vía de la adjudicación directa, es decir, el 79.3% del total de contratos; mientras que la licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado de acuerdo con la Constitución, ha sido usada sólo para 12,501 contratos, el 11.9% del total.
El panorama es diferente si se consideran los montos totales, pues desde esta perspectiva, la licitación pública y la adjudicación directa casi se equiparan en la cantidad de recursos entregados: mientras el primero ha sido responsable por 145,841 mdp (43.7% del total), el segundo método ha entregado 129,149 mdp (38.7%). Esto revela una de las preocupaciones principales de las adjudicaciones directas, ya que mientras una licitación pública entrega contratos, en promedio, por 11.6 mdp; las adjudicaciones directas, al ser muchos más contratos, en promedio entregan montos más pequeños, de alrededor de 1.5 mdp, por lo que las posibilidades de escapar de la vigilancia ciudadana y la atención mediática son mayores. Diversos casos han mostrado que, a pesar de que el discurso político presume el fin de la corrupción, en las compras del gobierno siguen faltando mecanismos de vigilancia y control que impidan problemas tan elementales como que en 2019 diversas empresas identificadas por el SAT como fantasmas sigan recibiendo contratos públicos.
