La FGR parece no estar dispuesta a dar a conocer públicamente las recientes declaraciones de militares sobre Ayotzinapa, a pesar de su posible intervención en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas.
Entregan documentos ilegibles
Han pasado ya siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, a pesar de que las investigaciones apuntan cada vez más a una posible participación del Ejército en los hechos, la FGR oculta los nuevos testimonios que han dado los militares interrogados en las indagaciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la cual comenzó a trabajar en el caso tras la llegada del presdiente Andrés Manuel López Obrador al poder.
Durante este nuevo proceso de investigaciones, se ha pedido a 44 militares que se presentan a declarar, de los cuales se han presentado 30, cuyos testimonios se mantienen resguardados. De acuerdo con un reporte de El Universal, tras un recurso de revisión, la Ley de Transparencia obligó a la FGR a entregar 239 hojas que contienen las versiones del personal militar que posiblemente tenga información o haya participado en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, las declaraciones de los militares sobre el caso se entregaron tachadas y actualmente son ilegibles:
” Las declaraciones son ilegibles. Hay hojas que tienen sólo dos palabras sin tachar, y otras donde sólo se pueden leer palabras como ‘después’, ‘no recuerdo’, ‘no recuerdo bien’ o ’26 de septiembre’. En otras páginas se pueden ver párrafos completos que no contienen información sustantiva que ayude a conocer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014″, señala El Universal.
Más opacidad que con Peña Nieto
Esta opacidad de las investigaciones más recientes contrasta con lo ocurrido durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando, a petición del INAI, se presentó un expediente público con todas declaraciones de militares sobre Ayotzinapa, mismas que fueron escrutadas por especialistas y medios de comunicación, lo que permitió que se desdibujara la llamada “verdad histórica” que había dado el gobierno sobre lo que pasó esa noche en Iguala.
En este sentido, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, también ha señalado al gobierno mexicano de no tener intenciones de investigar a los militares, a pesar de que un testigo indicó que por lo menos 25 de los normalistas fueron llevados al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, a lo que se suma la detención del capitán de infantería José Martínez, conocido como el “Capitán Crespo”, en 2020.
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Con información de El Universal
