El consejero jurídico de la SRE afirmó que México tiene lista la estrategia legal para dar la batalla y llegar a las últimas consecuencias.
Gremio busca desechar la denuncia
El pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano inició un proceso penal contra 11 de las principales empresas fabricantes de armas en Estados Unidos por su “negligente comercio”, el cual opera una enorme red de envío ilegal de armas de fuego a grupos del crimen organizado que, en consecuencia, contribuyen a arreciar el ambiente de violencia y asesinatos que se viven en territorio nacional.
Por estos daños, México demanda una compensación económica superior a los 16 mil millones de dólares, equivalente al 6% de su PIB.
Al respecto, este lunes 22 de febrero se espera una respuesta en el Tribunal de Massachusetts por parte de las fabricantes estadounidenses señaladas entre las que se encuentran Smith&Wesson, Barrett Firearms y Colt’s Manufacturing Co. Estas rechazan que sus prácticas comerciales hayan fomentado el tráfico ilegal de armas hacia México y esto que derivara en miles de muertes, además entre sus principales argumentos se prevé que aleguen inmunidad.
Cumplido el plazo, el gobierno mexicano tendrá antes de 31 de enero de 2022 para responder los argumentos de las contrapartes.
Inmunidad no tiene efectos extraterritoriales
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que México sigue firme en la denuncia y tiene lista su estrategia legal. Respecto a la inmunidad, sostiene que el concepto es cuestionable ya que una ley estadounidense no tendría que darle inmunidad a un daño que ocurre en México, no tiene efectos extraterritoriales.
“Nos dirán que no podemos demandar en Estados Unidos y nosotros argumentamos que hay un nexo causal entre lo que hacen y dejan de hacer y lo que nos afecta en daños directos e indirectos.”
Bajo este contexto, Celorio comentó que no se desistirá en el empeño de mantener el juicio hasta sus últimas consecuencias y para ello ya se trabaja en la réplica jurídica para entregarla al juez antes del 31 de enero.
“Nos vamos a todo en el litigio; lo importante no es el acuerdo, queremos que cesen sus prácticas, lo importante no es la compensación, sino que han generado daños muy profundos a mexicanas y mexicanos. Lo importante no es que nos digan que van a cambiar sus prácticas de mercadeo y publicidad, lo importante es que dejen de aprovecharse de la violencia que ocurre en México y dejen de alimentar al crimen organizado con sus armas.”
La demanda está respaldado y cuenta con la asesoría de los abogados estadounidenses, Steve Shadowen, experto en materia de responsabilidad civil y casos que promueven reformas en industrias; y Jonathan Lowy, jefe del Departamento Jurídico de la organización Brady Center to Prevent Gun Violence, que ha representado a víctimas, organizaciones y entidades gubernamentales dañadas por la violencia armada.
Ebrard hará planteamiento en ONU
Se espera que el canciller Marcelo Ebrard, al encabezar la sesión denominada El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad, en el mes en que México mantiene la presidencia de este órgano de la ONU, toque el tema y exija a otras naciones a adoptar mayores y mejores controles sobre el destino de sus armas.
“Es muy importante la presencia del canciller y será un llamado a que veamos el tema del tráfico ilícito de armas como un asunto de interés regional y mundial, hay una obligación de los estados y los gobiernos de perseguir el tráfico ilícito de armas, pero también hay una expectativa de cuidado, de debida diligencia de las empresas, porque estas empresas se podrían autorregular, podrían tener mecanismos de monitoreo y de sanción a sus malos distribuidores y vendedores. Podrían instalar alguna herramienta para que fueran rastreables más fácilmente, podrían incluir para que solo la pueda disparar la persona que la compró, podrían tener formularios, es una autorregulación.”
Con información de El Financiero.
