Ante la inseguridad, habitantes del municipio de José Joaquín Herrera exigen que la Guardia Nacional y el Ejército protejan la zona, pues acusan a los policías municipales de aliarse con los grupos criminales.
Exigen protección de la Guardia Nacional
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), entre los que se encuentran niños, mujeres y policías comunitarios de localidades del municipio de José Joaquín Herrera como Ayahualtempa, Amatitlán, Caracol y la colonia Los Pinos, marcharon la mañana de este jueves para exigir a las autoridades federal y estatal que cumplan con sus demandas en materia de seguridad, salud y educación. Hartos de no obtener una respuesta efectiva por parte del gobierno, advirtieron que armarán a niños, niñas y mujeres, si es necesario para defenderse de los grupos del crimen organizado que los mantienen acorralados y constantemente atemorizados.
“Exigimos la instalación inmediata de la Guardia Nacional en el módulo del municipio porque los policías atemorizan a la ciudadanía de Ayahualtempa”, se lee en el cartel que sostiene un niño de unos cinco o seis años de edad.
Ante la violencia de los grupos criminales, los pobladores de las comunidades del municipio de José Joaquín Herrera pidieron durante la marcha que la Guardia Nacional y el Ejército controlen la seguridad de la zona y acusaron a los policías municipales de estar coludidos con el crimen organizado y principalmente de ser aliados del grupo criminal conocido como “Los ardillos”, al que responsabilizan de al menos siete asesinatos de policías comunitarios y tres desapariciones, la más reciente el pasado 11 de diciembre.
Ayahualtempa, el pueblo olvidado
Desde 2016, Ayahualtempa y al menos otros 15 pueblos del corredor que comienza en la comunidad de Atzacualoya son aterrorizados y viven permanentemente amenazados por “Los Ardillos”, quienes los han atrincherado en un territorio. Por eso piden que se instalen retenes permanentes de la Guardia Nacional y el Ejército, en lugar de los que tiene actualmente la policía municipal, pues, en lugar de protegerlos, los municipales los usan para mantener vigilada a la población de las comunidades.
Los niños dejan de ir a las escuelas, porque hacerlo representa un peligro y porque los profesores ya no se arriesgaron a asistir los pueblos a dar clases. También están al límite en comida, pues a muchos pueblos apenas llegan los alimentos, la ropa y otros insumos básicos.
El Universal
Con información de El Universal y El Sur de Acapulco
