Autor: Alejandro Hope
El miércoles, en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decálogo de medidas para el combate a la violencia. El texto es interesante y amerita múltiples comentarios. Van algunos:
1. Los dos primeros puntos abordan el mismo tema: el combate a la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia. Tiene razón el presidente: si las policías o las fiscalías están infiltradas o capturadas por la delincuencia, es imposible hacerlas funcionar en servicio de la ciudadanía. El problema es que el exhorto genérico no se acompaña de propuestas específicas para el combate a la corrupción en el sector: no hubo ni una sola palabra sobre mecanismos de control interno o instrumentos de supervisión externa.
2. El tercer punto es una apología de la coordinación entre niveles de gobierno, un poco a la manera de Enrique Peña Nieto. Es, por supuesto, un tema importante. Pero si algo demostró el sexenio pasado, es que la coordinación no es suficiente para subsanar las graves debilidades institucionales del sistema de seguridad y justicia.
3. En los puntos 4 y 9, el presidente se refiere al tema de las policías. No hay mucho que discutir sobre los objetivos planteados: en efecto, se necesita un estado de fuerza mayor en las corporaciones estatales y municipales, y resulta indispensable garantizar condiciones laborales dignas para los policías. Pero, de nuevo, el exhorto no viene acompañado del correctivo. No hay un compromiso de incremento a los recursos presupuestales.
4. En el punto 5, el presidente llama al respeto irrestricto de los derechos humanos. Y tiene razón. Pero al igual que en materia de corrupción, esto requiere algo más que cursos para personal militar (la medida específica mencionada por el presidente). Para evitar violaciones a derechos humanos, se requieren mecanismos de control interno y supervisión externa. No hay una palabra sobre el asunto.
5. En el punto 6, el presidente regresa a uno de sus temas recurrentes: la atención a las causas de la violencia y el combate a la exclusión de los jóvenes. Allí, siempre ha traído la brújula un poco errada y este texto no es la excepción: la inmensa mayoría de los jóvenes pobres, marginados y desempleados no cometen delitos, reciban o no un apoyo del gobierno. Por eso, los programas de espectro amplio, como Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene un bajísimo impacto en los índices delictivos.
6. El punto siete es un llamado a los gobernadores a atender directamente el tema de seguridad. Y está bien en lo genérico, pero invito a leer mi columna del miércoles (http://bit.ly/2s5Ukwp). Tener muchas reuniones tempraneras no equivale a atender el problema.
7. El punto ocho es una celebración de la Guardia Nacional. De nueva cuenta, la pone en el centro de su política de seguridad. Creo que es un error, pero solo el tiempo dirá. Sin embargo, hay un dato que es francamente incorrecto: “Hay recursos suficientes para consolidar y fortalecer la Guardia Nacional, es una prioridad”. Si es así, ¿por qué solo le asignaron 3,800 millones de pesos en el presupuesto 2020? ¿Por qué 80% de su personal sigue adscrito a la Sedena o la Semar? Eso suena a todo menos a prioridad.
8. El último punto es interesante. Es un reconocimiento a los organismos autónomos, en particular a la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal. Esto es novedoso y aplaudible en la retórica del presidente.
En conclusión, destaco que el presidente haya reconocido finalmente la importancia del fortalecimiento institucional. Pero lamento que, a un año de asumir el cargo, lo siga haciendo desde el exhorto y la generalidad.alejandrohope@outlook.com. @ahope71
