El gobierno federal, el Poder Legislativo y la iniciativa privada no han logrado ponerse de acuerdo sobre los candados que necesita el el outsourcing, o la terciarización de empleo, para evitar los abusos a los trabajadores.
La reforma laboral de 2012 –aprobada en la recta final del gobierno de Felipe Calderón–, establece que las empresas pueden utilizar el esquema de outsourcing para subcontratar talento especializado que requieren pero que no está en sus filas de trabajadores.
Con esta práctica, las empresas obtienen al personal que requiere, pero lo contrata la empresa dedicada a la terciarización de empleo, explica la empresa Manpower. Ellos tienen prestaciones de ley y las que otorga la empresa, así no hay empleados de primera y de segunda.
No obstante, el sentido del outsourcing se ha tergiversado desde hace casi tres décadas. En los ochenta, las empresas lo utilizaban para no pagar el reparto de utilidades a los trabajadores en mayo, argumentando que no aportaban para generar dicho ingreso.
Desde entonces, el esquema se fue modificando hasta convertirse en una práctica ilegal que evade 21 mil millones de pesos anuales.
Esto es conocido como ahora como outsourcing ilegal, y tiene un impacto importante en la vida de los empleados.
Los trabajadores no generan antigüedad, pues las empresas cambian, por lo menos entre seis meses y un año, obligando a los empleados a firmar un nuevo contrato cada vez que esto sucede.
El contrato es con la empresa de outsourcing, por lo que el trabajador no puede disfrutar de los beneficios que otorga la compañía para la que realmente trabaja.
La mayoría de los sueldos registrados ante el IMSS es del salario mínimo, es decir, 3,696 pesos mensuales, solo en muy pocos casos el porcentaje es mayor.
Con esta práctica, la empresa paga una cuota al IMSS mucho menor a la que debería, aunque el empleado mantiene su derecho al servicio médico y a las prestaciones sociales.
Además, la aportación a su cuenta de Ahorro para el Retiro (Afore) es más baja de lo que debería, afectando así su pensión en el futuro; y las aportaciones al Infonavit son mínimas, por lo que el empleado tardarás hasta seis años en obtener un préstamo para vivienda y 26 años para pagarlo.
Y lo más grave, es que al momento de liquidarte, la empresa puede optar por pagar únicamente el sueldo registrado ante el IMSS, ya que es la cantidad que oficialmente recibes, pues el resto de tu sueldo se reporta como ayuda alimenticia, apoyo económico o prestación a trabajadores.
La intención de la discusión es eliminar estas malas prácticas y mejorar la calidad del empleo en México, que además es un mandato establecido en el acuerdo del T-MEC.
