México sabe qué hacer frente a una amenaza como la que supone la inminente llegada del Covid-19 porque el brote de influenza por el virus A(H1N1) de 2009 dejó enseñanzas importantes que el personal de salud del Estado tiene bien aprendidas. El problema es que las decisiones políticas del último año han debilitado la capacidad de respuesta de ese aparato, en términos de financiamiento y de disponibilidad de instrumentos.
Los protocolos de acción resultantes de la aplicación al pie de la letra del manual de la Organización Mundial de la Salud durante la emergencia de hace once años están en pie y listos para ejecutarse, y hay en existencia medicamentos para tratar los casos de contagio.
Pero la infraestructura médica no está en su nivel óptimo debido a los recortes presupuestales y la instauración precipitada del nuevo sistema con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lo que hace prever un escenario en el que pese a que se sabe cómo responder no se podrán concretar las acciones necesarias. Los tiempos de espera para la atención de pacientes son más largos hoy que hace un año y medio, y si bien se cuenta con personal suficiente de médicos y enfermeros, tienen menos presupuesto dsiponible. Los pilares de la atención en salud pública son cobertura, calidad y financiamento. Al debilitarse este último, se ven afectados los dos primeros.
El coronavirus del brote actual tiene un índice de letalidad menor que el coronavirus del SARS surgido en 2003 pero mayor que el del virus A(H1N1). Es decir, del número de personas infectadas, son más los casos que desembocan en la muerte, y su capacidad de diseminación es igual de elevada que la de la influenza que afectó a México.
El personal especializado en respuesta a una emergencia epidemiológica existe y está capacitado. Buena parte estaba ya en el sistema de salud en 2009. Pero, por ejemplo, la capacidad instalada de unidades de terapia intensiva que se requerirán para los casos graves podría resultar insuficiente, así como la disponibilidad de instrumental para proporcionar a esos enfermos asistencia respiratoria permanente. Y el presupuesto necesario para atender ese flanco tampoco está garantizado.
El otro aspecto central para enfrentar una amenaza como la del Covid-19 es la decisión política. En Estados Unidos ayer mismo vimos cómo fue corregida la actitud inicial del presidente Trump de minimizar el riesgo y aparentar que con su sólo liderazgo personal y con ayuda del clima nada pasaría. Ante la opinión de los expertos sobre la seriedad del riesgo, Trump elevó a rango del vicepresidente Mike Pence la coordinación general de la estructura responsable de asegurar una respuesta adecuada, oportuna y suficiente. No es que la infraestructura de salud estadounidense cambie con ese nombramiento, pero la manera en que fluyen los recursos y se toman decisiones de carácter nacional sin duda agiliza la aplicación de las medidas concretas.
En 2009 hubo la decisión política de aplicar los protocolos para responder al peor escenario posible. La coordinación federal con los sistemas estatales y del entonces Distrito Federal y la voluntad de tomar medidas drásticas como suspender clases en todo el país y cancelar eventos masivos ayudó a evitar una propagación mayor del virus. Pero también produjo una afectación económica del tamaño de un punto del PIB nacional.
Hoy, el gobierno de López Obrador tiene que decidir cómo enfrentará el arribo del Covid-19 desde el sistema de salud y desde el más alto nivel político, que es la Presidencia de la República. No está claro aún cuál será el camino a seguir pero tendrá que haber una definición pronto. El virus ya llegó a Estados Unidos. No hay duda de que llegará a México.
No se trata de arrastrar al pánico a la población sino de ofrecerle un plan de acción y de información que le dé confianza y le permita saber qué hacer desde la casa, la escuela y el trabajo y cómo proceder en caso de presentar los síntomas de la infección y a dónde acudir para recibir atención médica.
En este brote epidemiológico no hay cabida para acusar a un virus de ser de derecha, conservador o golpista y no hay margen para buscar culpables si las cosas no se hacen como se debe. El gobierno tiene que coordinar la respuesta médica y social adecuada con el aparato de salud del Estado y brindarle al esfuerzo el liderazgo político que requiere.
