En los últimos meses, ha surgido una intensa campaña para intentar desprestigiar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, en un momento crucial en el que se decidirá quién encabezará la institución para el próximo periodo.
Múltiples organismos universitarios han cerrado filas en torno al reconocido oftalmólogo, pero no es un secreto que en el entorno de la 4T existen intenciones de ejercer un mayor control sobre la universidad nacional y cambiar los colores azul y oro por el guinda. La UNAM enfrenta un asedio gubernamental sin precedentes desde hace 50 años, comparado con el ocurrido durante la administración de Luis Echeverría. Estos hechos no parecen ser coincidencia.
En este contexto, llama la atención que Juan Ramón De la Fuente, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), haya anunciado su regreso a sus actividades académicas, dejando su cargo a más tardar en septiembre. Tanto De la Fuente como el ex rector José Narro Robles han sido figuras influyentes recientemente en los nombramientos de las máximas autoridades de la UNAM y se cree que el regreso de De la Fuente sea una estrategia más de gobierno de López Obrador para influir en el proceso de sucesión en la máxima casa de estudios.
Ante el asedio del que la sido objeto la Universidad Nacional, expertos en la materia no dudan la decisión de expulsar a la UNAM del Consejo de Salubridad General representa un nuevo paso hacia lo que consideran una “dictadura sanitaria” impulsada por el gobierno federal. Según Éctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del PAN, se ha eliminado la participación de la UNAM y otras instituciones, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como expertos del sector académico, social y privado en el Consejo de Salubridad General. Esto implica la eliminación de contrapesos a la 4T y pone en riesgo la autonomía y la función del consejo como órgano colegiado y técnico en materia de salud.
Según Ramírez, la UNAM es una institución fundamental para la articulación de políticas públicas en materia de salud y su exclusión representa un golpe a los contrapesos y a la autonomía del consejo, que históricamente ha sido reconocido como una autoridad sanitaria independiente.
Es preocupante que en la última sesión del Consejo de Salubridad General se haya propuesto un cambio al reglamento interior con el fin de eliminar la participación de la UNAM y otras instituciones. Este hecho genera incertidumbre sobre el futuro de la autonomía universitaria y plantea también interrogantes sobre la influencia del gobierno en la toma de decisiones en materia de salud.
Ante esta situación, diferentes sectores de la sociedad han expresado su interés en no perder atención a los desarrollos y pendientes en relación con la UNAM y su participación en el Consejo de Salubridad General. Tampoco a aa defensa de la autonomía universitaria y la preservación de la pluralidad y la independencia de las instituciones como aspectos fundamentales para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema educativo y de salud en el país.
En medio de este panorama incierto, queda por determinar qué impacto tendrán los acontecimientos actuales en el proceso de sucesión del rector Graue y en la relación de la UNAM con el gobierno federal. Lo cierto es que la comunidad universitaria y la sociedad en general han emitido constantes alertas para asegurar que los principios de autonomía, pluralidad y transparencia se mantengan en el futuro de la institución.
